La Generalitat recurre a una ETT para el personal temporal de sus pistas de esquí

La Generalitat contratará el personal temporal de verano e invierno de sus pistas de esquí a través de una empresa de trabajo temporal (ETT). En total son unas 75 personas principalmente para las estaciones de La Molina, Espot-Port Ainé y la Vall de Núria. Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), propietaria de las instalaciones, licitó esta semana el contrato anual con un precio de salida de 795.000 euros (962.000 con IVA). La adjudicación es prorrogable hasta un máximo de seis años, así que el importe total puede ascender a los 4,8 millones.

De los 75 contratos, 40 son para La Molina, 25 para Espot-Port Ainé y los 10 restantes para Núria. Los perfiles que se buscan son trabajadores para los remontadores de las pistas, de control de los aparcamientos, del servicio de alquiler de material, para las tiendas de las instalaciones y personal administrativo y de atención al cliente.

El sueldo de los trabajadores contratados vendrá determinado por los convenios laborales de cada estación. Las nóminas de estos trabajadores ascenderán a 506.000, según consta en el pliego de condiciones. El resto hasta llegar a los 795.000 se los queda la ETT para pagar gastos de Seguridad Social y en concepto de comisión, que es del 19%.

Este es el tercer año que Ferrocarrils recurre a una ETT para contratar estos temporeros, tal y como se conocen a estos trabajadores en el sector. El año pasado la empresa Randstad fue la adjudicataria del contrato, por un valor de 747.780 euros —ampliado en mayo en 300.000 euros más—, que se hizo por un procedimiento negociado sin publicidad. En este caso se contrató personal temporal para cuatro meses solo para las estaciones de La Molina y Espot-Port Ainé.

Anteriormente era Ferrocarrils quien seleccionaba y contrataba directamente estos trabajadores de temporada. Desde FGC aseguran que el cambio se debe a una “estrategia empresarial” y consideran que esta es “la mejor forma de cubrir los picos de demanda de personal”. Pero la entrada de la ETT generó la queja del comité de empresa en 2012. Entonces FGC justificó, dicen los sindicatos, que la ley de estabilidad presupuestaria no permite al sector público aumentar plantilla, pero recurriendo a una ETT se cumple la ley, ya que el gasto no computa en el capítulo 1 de personal, sino como proveedor.