El condenado lo ve solo “un borrón” y la oposición pide el cese de su hijo

El barón ourensano del PP se jubiló con el bálsamo de serenidad que concede el poder político. Dos años después y tras la sentencia que castiga sus enchufes, sigue tranquilo. “Esto es un borrón, una mancha, pero qué le vamos a hacer”, asegura a EL PAÍS, con un tono de voz algo apesadumbrado. Baltar sostiene que el fallo judicial “no refleja la realidad” de lo que sucedió en el juicio que hace un mes lo sentó en el banquillo durante cinco días. “No se tiene en cuenta que no me advirtieron de nada”, insiste, señalando con el dedo a técnicos y altos funcionarios de la Diputación de Ourense que, en su opinión, “mintieron descaradamente”. “Yo tengo la conciencia muy tranquila porque soy inocente y no mentí, pero hay otros que seguramente no tendrán la conciencia como yo”. Tras la decisión judicial que ataca al mismísimo corazón del baltarismo, el expolítico defiende que “entonces tendremos que debatir para qué están los técnicos” porque “se lavaron las manos y en realidad son ellos los que hicieron todo”. “Si eso es así, un ordenanza puede hacer su trabajo”, afirma.

Ahora, entre familiares, amigos y una colección de coches antiguos, evita las refriegas políticas que otrora le dieron grandes titulares: “Hay algunos que quieren colgarse medallas por cargarse al Baltar, pero como me fui solo quiero disfrutar de mi retiro y de mi familia”. Para el exbarón popular, la sentencia es simbólica y “no tendrá efecto ninguno”: “Me inhabilité cuando me marché”. Tampoco cree que salpique a su hijo, Manuel Baltar, que heredó la presidencia de la Diputación y el PP provincial: “La sentencia no pone en ningún sitio nada”, alega, sobre el congreso del partido celebrado en 2010, poco después de los 104 enchufes que lo han condenado. La decisión de la magistrada torpedea el retiro veraniego del cacique bueno en San Vicente do Mar, en las Rías Baixas. Sus abogados tienen 10 días para interponer un recurso con el que pretenden alcanzar la absolución. Aseguran manejar jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en un caso de similares características en un pueblo del norte de la provincia de Lugo, el político enchufador fue expiado de sus pecados.

Baltar, que durante un cuarto de siglo agitó con entusiasmo la gaviota popular hasta conseguir victorias históricas para las siglas conservadoras, ya no es del partido. Pidió la baja voluntaria tras el escrito de acusación de la fiscalía, poco antes de que la dirección gallega lo invitase a irse. Pero el líder del PP gallego se quedó mudo ayer. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, no quiso valorar el fallo en ninguno de sus actos públicos y citó a los periodistas a la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta que se celebra hoy. Sus únicas palabras fueron: “Mi opinión no va a variar el contenido de esa sentencia”.

Desde la Diputación de Ourense se pide prudencia. Manuel Baltar, su hijo, consultado por este diario, tampoco quiso hacer valoraciones, pero fuentes de la institución manifiestan su “respeto al contenido de la decisión judicial y a los recursos que se presenten hasta que la sentencia sea firme”.

La oposición sí aplaude el fallo con locuacidad. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, apunta hacia arriba y cree que “hay que preguntar al presidente de la Xunta de Galicia” porque “él puede dar mucha información” sobre la práctica penada. El líder socialista cree que “el PP de Galicia tiene mucho que decir y calla mucho”. En la bancada opositora de la Diputación todos apuntan contra el actual presidente ourensano. El secretario provincial del PSdeG, Raúl Fernández, afirma que “se deslegitima el gobierno heredado de un prevaricador”. Fernández defiende que la justicia pone “negro sobre blanco” sobre “la forma de hacer política del PP y de Feijóo”. El BNG reitera que Baltar hijo “no debe seguir ni un minuto más en el cargo”. Los nacionalistas consideran probado “que se contrató de manera irregular, vulnerando la legislación y utilizando dinero público en la antesala del congreso provincial del PP para preparar la llegada del hijo”.

Desde algunos Ayuntamientos también dedican palabras al exbarón. El regidor socialista ourensano, Agustín Fernández, con una sentencia aún caliente que tumbó parte de su política laboral, cree que la condena es “contundente” y “pone de manifiesto una forma de contratar”. Por su parte, el alcalde popular coruñés, Carlos Negreira, sobre cuyo número dos pesan acusaciones de enchufismo en la Operación Pokémon, refrenda la decisión de la juez: “No tengo mucho más que decir que lo que digan los tribunales”.