Díaz apurará el límite legal para parar la “barbaridad” de El Algarrobico

La promotora del hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería), quiere dar un vuelco a la singular historia de este hotel, paralizado desde 2006. Aspira a que pase de ser un símbolo de la destrucción del litoral a enclave proteccionista, convertirlo en un “referente medioambiental”. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avala la licencia de obras es una “oportunidad” para Azata del Sol, dispuesta a reanudar las obras cuando exista seguridad jurídica suficiente. La contestación por parte de la Administración y grupos ecologistas es rotunda. “La Junta irá al límite legal para que una barbaridad de este tipo no siga adelante”, ha dicho la presidenta Susana Díaz. El Gobierno central le tiende la mano y estudiará si cabe presentar un recurso fundado.

Los ecologistas piden a la Junta que ejerza el derecho de retracto

El hotel está envuelto en una maraña judicial que dice, por ejemplo, que el suelo sobre el que se asienta es urbanizable y no urbanizable. O que invade zona de servidumbre y también que no, aunque fuera cuando fue construido. Las alegrías así van por barrios. El subdirector de Azata, José Rodríguez, reconoce ahora un “optimismo moderado” y consciente del embrollo judicial avanza que una hipotética reanudación de las obras tras el último fallo es una opción que se plantean a medio plazo. También porque hay otros recursos pendientes a los que hay que sumar los que se anuncian por este aspecto concreto.

Lo que sí ha querido dejar claro, pese al rechazo frontal que el fallo ha tenido por parte de los Gobiernos y partidos políticos, además de grupos ecologistas, es su disposición a “dialogar” con la Administración autonómica para “compatibilizar todos los intereses de la sociedad andaluza: la preservación del medio ambiente y la necesidad de crear puestos de trabajo en la comarca”. Aún no se ha producido encuentro alguno, parece difícil, pero Rodríguez dice que está dispuesto.

“Nuestra propuesta es seguir en la línea de conservación del parque”, asegura la promotora, que defiende la construcción del hotel que “no incumplió”, insiste, normativa alguna cuando se construyó. La licencia, recuerda, se concedió en 2003 y no fue “hasta noviembre de 2005 cuando el deslinde de la costa se amplió a 100 metros, en vez de a los 20 que había antes”. Meses más tarde, se paralizó la obra casi finalizada.

A partir de ahí, sentencias y recursos saltan de unos tribunales a otros. Hay tres resoluciones del Supremo contrarias al hotel y cuatro de la Audiencia Nacional. Las dos últimas del TSJA son favorables. La Junta de Andalucía, por su parte, ya ha dicho que pondrá todos los recursos posibles e insiste en que el complejo “nunca debió ser construido”. Ecologistas en Acción y Greenpeace le piden que como actual propietaria de los terrenos derribe la edificación.

El Gobierno central y el autonómico pedían la nulidad de la licencia, pero el TSJA dice que se concedió conforme a los planes urbanísticos vigentes en ese momento y que no se recurrió, por lo que es legal. IU confirma que la intención del Gobierno andaluz es “seguir luchando para que ese punto negro del litoral andaluz desaparezca”. La nueva secretaria socialista de Cambio Climático y Sostenibilidad, Pilar Lucio, dice que el ministerio (entonces a cargo de Jaume Matas) debió en su día “haber intervenido” en la licencia para parar el procedimiento. En cualquier caso, la pretensión sigue siendo desde Andalucía dar cumplimiento al protocolo firmado en su día para el derribo del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

La plataforma Desmontando El Algarrobico anuncia que varios colectivos llevarán el caso al Tribunal Constitucional y no descarta una “larga batalla” para defender el parque natural. La sentencia conocida el miércoles argumenta que la licencia es firme y no puede pedirse su nulidad por el cuestionamiento del plan que lo rige. El mismo tribunal ha fallado en dos sentidos contrarios sobre el suelo, por lo que será el Supremo el que unifique.

Además de ese recurso quedan otros pendientes por lo que el futuro de El Algarrobico aún es incierto. Para Azata, obviamente, la legalidad está clara. “Nunca se violó normativa y el hotel cumplía con la que desarrolló la propia Junta en 2004”, recuerda. “No debió admitirse el recurso por el que se anuló la licencia”, estima el promotor que ofrece diálogo para buscar la mejor solución.

Las resoluciones judiciales en distinto sentido complican el caso

En esa línea se manifiesta también el alcalde de la localidad costera, Salvador Hernández (del grupo independiente Gicar), quien “luchará” para que no pongan más “trabas” a la apertura del hotel, que desde el municipio han defendido principalmente como motor económico de la comarca. El regidor independiente aboga por el diálogo entre todas las partes implicadas para “encontrar una salida satisfactoria en el menor tiempo posible”.

Los grupos ecologistas están dispuestos a recurrir al Parlamento europeo. No comparten los argumentos del Tribunal Superior de Andalucía sobre la legalidad de la licencia. Greenpeace pide a la Junta que además de recurrir el fallo ejerza su derecho de retracto sobre el terreno del hotel para “cumplir la sentencia que así lo permite y salvaguardar la totalidad del sector urbanístico donde se asienta El Algarrobico derribando la edificación”.

La propuesta de protección de la promotora choca con la firme decisión de la Junta de acabar con el hotel cuando sea posible, si lo es. Lo cierto es que las sentencias a favor y en contra complican la peculiar historia de este símbolo, que pone de manifiesto, en palabras del consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, que “en su momento se hicieron las cosas muy mal y no se tuvo la necesaria diligencia para que los procedimientos administrativos fueran pulcros”.