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La presidenta del PP de Orihuela, experta en fragmentar facturas

Pepa Ferrando ya evitó como empresaria la concurrencia pública al partir un pago de 88.340 euros

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La presidenta del Partido Popular en Orihuela, Pepa Ferrando, tiene una especial relación con las facturas de las administraciones públicas. Antes de que su labor como concejal de Turismo fuera investigada por dos juzgados oriolanos por fraccionar facturas y por pagar servicios contra las advertencias del interventor municipal —pesquisas todavía en marcha—, Ferrando ya se benefició como empresaria de un proyecto ideado por ella misma para el consistorio y que se encargó de fragmentar y cobrar en cinco facturas que sumaban 88.430 euros, también contra la opinión del interventor.

A este funcionario dependiente del Estado no parece que le hagan mucho caso en la capital de La Vega Baja donde, durante tres días, los nueve concejales del PP que formaron parte entre 2008 y 2011 de la Junta de Gobierno Local declararon como imputados por el pago masivo de servicios en contra de la opinión de este funcionario.

Ferrando, que el pasado lunes fue la primera de los nueve ediles en declarar, ya como empresaria se valió de esa falta de consideración por las opiniones técnicas. La actual portavoz municipal de los populares ideó, presentó y ejecutó por un valor total de 88.430 euros el proyecto turístico Sentidos Divinos, una muestra de repostería tradicional y conventual que puso en marcha la mercantil de la cual era la única socia en 2007.

Pepa Ferrando Protocolo & Eventos pasó cinco facturas distintas el 10 de abril de 2007 por un valor que obligaba a la administración a sacar a concurso la propuesta, como ocurre con los contratos que superaran la cantidad de 18.000 euros. Solo la ejecución del proyecto ya supuso casi 38.0000 euros.

En la facturación del evento, que duró tres días según la propuesta presentada por Ferrando a la concejalía que ella misma dirigiría posteriormente, dos facturas llaman la atención: una de 12.000 euros solo por la idea del proyecto y decoración (aunque la decoración ya aparecía como concepto en la factura de 38.000 euros) y otra de 28.396 euros en contratación de azafatas. ¿Cuántas? No se indica. Si se tiene en cuenta que por una jornada de cuatro horas Ferrando pagó a una azafata 119 euros, según consta en otros contratos municipales de ese mismo año, la cantidad facturada para la muestra de repostería dio para muchas.

El reparo del interventor

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El interventor advirtió del incumplimiento de la Ley de Contratos. Sin embargo, también expuso que “el Ayuntamiento no puede dejar de satisfacer el pago de los gastos en que ha incurrido por la razón de que los mismos se hayan contraído de forma irregular”. Esta argumentación responde a una sentencia del Tribunal Supremo, según fuentes interventoras, por la cual se establece que las administraciones primero han de pagar y, posteriormente, denunciar la ilegalidad.

La argumentación que permitió el pago a Ferrando como empresaria fue la que el lunes le sirvió a ella para excusar su actitud ante la juez que la imputa por presunta prevaricación por el pago, al menos, de facturas por valor de 55.000 euros sin que estuvieran adjudicados los servicios. Ese razonamiento choca con el desconocimiento mostrado hace dos meses ante la otra juez que la investiga por presunta malversación, entre varios delitos. Se le imputa haber inflado unos servicios y fragmentado factura —que suman 340.000 euros a lo largo de toda una legislatura— en el montaje del puesto de Orihuela en la feria de turismo Fitur.

Ferrando dijo desconocer entonces los precios de esos eventos —pese a su experiencia en el sector— y que los técnicos no le advirtieron de la irregularidad de la fragmentación. Uno de los empresarios imputados en la causa apuntó a Ferrando como la persona que motivó la fragmentación, costumbre que tenía ya antes de llegar a la política.

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