La juez Alaya deja el futuro de Chaves y Griñán en manos del Supremo

En sus últimos autos, la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, advertía a las partes de que el final de la instrucción estaba cerca. Pero, pese a anunciarlo en repetidas ocasiones, el esperado desenlace se ha estirado en el tiempo. Hasta este martes. Tras más de tres años y medio de instrucción, la magistrada ha remitido al Tribunal Supremo parte del sumario del caso ERE al encontrar indicios que supuestamente incriminan en el fraude a siete aforados; entre ellos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Según fuentes del alto tribunal, junto a la exposición razonada para inhibirse, la juez ha enviado al Supremo 20 de los 80 tomos que conforman la causa con más imputados (201) de la historia judicial española. Esta voluminosa documentación ha ido acompañada de material digitalizado y audiovisual. Ahora, el Supremo decidirá si existen indicios penales contra los políticos señalados por Alaya y, en tal caso, si asume toda la causa o solo la parte político-financiera.

Según fuentes cercanas a la investigación, Alaya ha enviado al alto tribunal solo una selección del sumario, una especie de resumen sobre su instrucción. “Una vez que el Supremo tome una decisión, la juez mandará o no el resto de la documentación”, precisan dichas fuentes.

Alaya señala a la anterior cúpula del Gobierno andaluz porque considera que diseñó el fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de manera arbitraria, gracias al fondo que dotó con 721 millones de euros entre 2001 y 2010. Junto a Chaves y a Griñán —a quienes señaló en septiembre del año pasado—, la magistrada señala a los exconsejeros José Antonio Viera (diputado a Cortes), Antonio Ávila, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo (diputados andaluces). En dicho auto, Alaya les comunicaba que los consideraba partícipes o conocedores del diseño del fondo, concebido para burlar la ley, según defiende la juez.

El argumento principal de la juez contra el fondo es el uso como instrumento de pago de las llamadas transferencias de financiación. Esto permitía dar el dinero de las subvenciones directas para empresas y extrabajadores afectados por los ERE de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta. El Gobierno andaluz y las defensas del caso responden que la partida era legal y se aprobaba cada año por el Parlamento al estar incluida en la Ley de Presupuestos. Para sustentar los posibles delitos, Alaya se ha apoyado tanto en los dictámenes de la Cámara de Cuentas autonómica, cuyos auditores ya censuraron el fondo, como de la Intervención General del Estado, que corroboraron el grueso de las tesis de la juez en un informe entregado en diciembre.

Pero la decisión del Supremo se hará esperar. Según fuentes del alto tribunal, y debido al periodo vacacional, ahora solo hay una sala en funcionamiento que está destinada a casos de urgencia. Previsiblemente, los magistrados no analizarán la documentación remitida por la magistrada hasta septiembre. Será entonces cuando decidan si asumen toda la causa, como defiende la instructora, o solo la parte que afecta a los aforados, como considera la Fiscalía Anticorrupción.

Esta discrepancia entre la magistrada y los fiscales ha marcado los últimos meses de instrucción. Desde un primer momento, Alaya ha defendido que elevaría al Supremo el caso al completo ya que es “inescindible” debido a la conexión que existe entre las diferentes líneas de investigación abiertas y para “evitar en el futuro hipotéticas sentencias contradictorias”. Por su parte, los fiscales han reclamado en varias ocasiones a la magistrada que troceara la causa —“para concluir en un plazo razonable la instrucción”— y que solo elevara al alto tribunal la parte referida a los aforados. Pese a estas peticiones, Alaya se ha mantenido firme en su decisión, que fue respaldada por la Audiencia Provincial de Sevilla a finales del mes pasado al considerar que la división podría “generar un riesgo de desorden procesal”. Esta pugna con el ministerio público se ha unido a las críticas políticas que acusaban a Alaya de retener artificialmente el caso, un argumento que han utilizado la mayoría de los imputados para acogerse a su derecho a no declarar ante la juez.

La rama político-financiera se inició en junio de 2013, cuando Alaya imputó a 20 altos cargos de la Junta, entre ellos la exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez. Posteriormente, la juez dictó el auto en el que señaló a los siete cargos aforados y sumó a la causa la imputación de otros 15 altos cargos de la Junta.