Anticorrupción investiga adjudicaciones en 2009 a residencias de la familia Cotino

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia investiga desde el pasado 16 de julio unas adjudicaciones por valor de 15 millones de euros concedidas en 2009 por la consejería de Bienestar Social, que entonces presidía Juan Cotino, actual presidente de las Cortes, a la empresa Centros Residenciales Savia. Esta sociedad estaba participada por Sedesa, vinculada a la familia Cotino a través de su sobrino Vicente. El ministerio público, que recibió a principios de julio una denuncia del grupo parlamentario de Esquerra Unida (EU), cree que estos contratos públicos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

EU aportó con su denuncia los expedientes de las adjudicaciones, así como las transcripciones de unas conversaciones mantenidas en agosto de 2009 por Vicente Cotino y el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal y en el caso Gürtel. En ellas, el sobrino del dirigente popular lamenta la destitución de su tío al frente de Bienestar, ocurrida un día antes: “Coño, era una consejería que me estaba adjudicando obras que tengo que dejar de licitar”. La revelación de esta conversación el pasado mes de junio provocó una avalancha de peticiones de la oposición al presidente del Parlamento valenciano para que dimitiera de su puesto. Cotino respondió por aquel entonces que nunca había “metido la mano” en la caja ni dejado que nadie lo hiciera. También aseguró que nunca hizo adjudicaciones a empresas de su familia desde ninguno de los cargos que ha ocupado.

En el momento de producirse las concesiones investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, las plazas para personas mayores en geriátricos subvencionadas por la Generalitat estaban limitadas al 33%. Poco antes de salir de la Consejería de Bienestar, en 2009, Juan Cotino eliminó ese techo, ampliándolo al 66% de las plazas primero, y llegando, más tarde, a comprometerse con el sector a subvencionar el 100% de las plazas de ancianos en situación de dependencia. Ya en 2010, con el político popular fuera del departamento, el estado de las finanzas valencianas hacía evidente que esto sería imposible.

Según la denuncia de EU, gracias a las decisiones adoptadas por Cotino, el Grupo Savia multiplicó casi por tres las 716 plazas subvencionadas que tenía en 2006 y pasó de poseer 13 centros a 21 en 2009.

EU pide llegar hasta el final

Tras dar a conocer la resolución de Fiscalía, la diputada autonómica de EU Esther López Barceló se mostró satisfecha por la apertura de diligencias. Barceló espera que “se llegue hasta el final” y que se depuren todas las responsabilidades penales y políticas. Éstas últimas, en su opinión, “tendrían que haberse asumido ya por parte del señor Cotino, quien tendría que haber abandonado hace mucho tiempo su cargo como presidente de las Corts”.

“El mismo proceso de concesión de plazas subvencionadas se ha repetido en 2013, siendo ya la nueva consejera Asunción Sánchez Zaplana, ha aumentado la cantidad a 22 millones de euros y de nuevo recayendo muchas de las adjudicaciones en las empresas vinculadas a la familia Cotino”, añadió la parlamentaria a través del comunicado. Barceló cree que los valencianos necesitan “una limpieza” de sus instituciones, ya que hechos como este “dan la imagen de una Administración al servicio de una red clientelar y familiar”.

La primera —y, al cierre de esta edición, única— reacción por parte de la Generalitat la dio el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, que recordó que aún no hay ningún proceso abierto, aunque admitió que al Consell “le precupa cualquier cosa investigada por la Fiscalía”. Según él, sin embargo, lo único que hay es una información llegada a las manos de la Fiscalía Anticorrupción, que “tiene la obligación de verla”.