La Zona Franca rechaza pagar a un exdelegado una multa de 2,6 millones

La Zona Franca de Cádiz, en virtud de un informe de la Abogacía del Estado, ha decidido no atender la petición del exdelegado Miguel Osuna, del PP, para que sea el Consorcio fiscal el que le pague más de dos millones de euros en concepto de la condena impuesta en el caso Rilco y de las costas procesales de otro caso aún pendiente de juicio, el de Quality Food. Osuna había pedido ese dinero en virtud de una póliza de seguro suscrita por él mismo cuando estaba aún como delegado, pero solo en funciones.

Osuna, delegado de la Zona Franca entre 2001 y 2003, fue absuelto por la Audiencia Provincial de Cádiz de la responsabilidad penal en el caso Rilco, que investigó un presunto fraude en un portal informático por el que sí fue condenado su antecesor Manuel Rodríguez de Castro. Pero ambos sí fueron sentenciados por el Tribunal de Cuentas a pagar más de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el perjuicio ocasionado al Consorcio fiscal. Osuna, concretamente, tenía que pagar 2,67 millones, que ya debería haber abonado.

En mayo de este año, Osuna presentó un escrito ante la Zona Franca recordando que en abril de 2004, cuando ya el PSOE había ganado las elecciones y por tanto ya estaba en funciones, él mismo había suscrito una póliza que le eximía de responsabilidad civil por su gestión en este alto cargo. A él y al resto de miembros del pleno del Consorcio. La póliza no era válida si hubiese responsabilidad penal. La Abogacía del Estado recuerda en su informe lo “extemporánea” de la petición de Osuna y destaca que la sentencia de la Audiencia no es firme ya que ha sido recurrida por la fiscalía y por el PSOE, de ahí que Osuna sí podría ser condenado por esta vía.

El delegado de la Zona Franca, Jorge Ramos (PP), explicó en el pleno el contenido de este informe, aunque evitó presentar información por escrito aludiendo a un supuesto conflicto con la protección de datos personales. En todo caso, el recinto fiscal, de momento, se ahorrará tener que pagar esta cantidad.

Que la situación económica de la Zona Franca no es buena se reflejó en otro de los puntos del pleno, donde se planteó hipotecar al Banco Santander uno de sus principales y más modernos inmuebles, el edificio Europa, que alberga ahora la Escuela de Hostelería de la Diputación. La operación no salió adelante por decisión del delegado. Jorge Ramos aguardará a un informe de la dirección central de la Abogacía General del Estado.

El PSOE, al salir del pleno, se quejó también de la falta de respuesta a una petición básica de información sobre las compensaciones que la Zona Franca de Cádiz iba a recibir por la creación de la de Sevilla. “Teófila Martínez [alcaldesa de Cádiz y presidenta del pleno] se comprometió a pedir un informe sobre los efectos económicos que traerá esta nueva zona franca y ahora nos dice que nos contestará por escrito”, lamentó el portavoz socialista, Francisco González. Martínez también negó recordar una carta enviada por una extrabajadora de Quality Food, última testigo en declarar en el juzgado de instrucción, que aseguró que ella y Osuna estaban al corriente de las irregularidades que se estaban cometiendo. “La alcaldesa sufre de amnesia en todos los procesos judiciales de la Zona Franca”, se quejó el portavoz del PSOE.