La Fiscalía investiga un contrato de 7,6 millones de la ACA

La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar si hay delito en la adjudicación por parte de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en un contrato por valor de 7,6 millones de euros. El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que “las evidentes irregularidades” del proceso -que fueron denunciadas por la Generalitat el pasado junio– los responsables de la contratación pueden haber cometido uno o más de los siguientes delitos: uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y malversación.

Los hechos denunciados tanto por el gabinete jurídico de la Generalitat como por la Sindicatura de Cuentas se remontan a 2007, cuando la ACA inició la licitación de un contrato de consultoría sobre la cuenca fluvial de Cataluña por un máximo de cuatro millones de euros. El concurso fue adjudicado (por 3,75 millones) a una UTE formada por las empresas Auding, United Research y Artenginy. El contrato dejaba abierta la posibilidad de realizar otros trabajos, no incluidos en el presupuesto inicial. Eso permitió que, en 2008, la entidad pública adjudicara “de forma directa”, señala el fiscal, a la misma UTE 38 trabajos complementarios que sumaron otros 3,93 millones.

Las irregularidades denunciadas, apunta el fiscal, son “tan numerosas y presentan tan grosero calibre” que le hacen sospechar que la licitación “pudiera haber sido pactada previamente con los adjudicatarios en detrimento del resto de competidores y del interés público”. La contratación pudo ser “arbitraria” y su ejecución, “anómala”, ya que fue siempre “en beneficio económico de las empresas integrantes de la UTE y a costa del erario público”.

A las irregularidades se añade un dato que “no es baladí”, apunta Sánchez Ulled: el representante de la UTE en ese concurso fue Joan Lluís Quer, que había sido gerente de la ACA entre 2000 y 2004. “Su influjo”, señala el escrito, “pudo haber sido determinante en estos hechos”. Como publicó este diario el pasado junio, tras un largo periplo por la empresa privada, y tras la llegada de Artur Mas al Gobierno, Quer fue repescado para el sector público y en la actualidad ejerce como presidente de Infraestructuras de la Generalitat.

La Sindicatura de Cuentas concluye que hay “documentos que acreditan que hubo reuniones de coordinación” entre personal de la ACA y las empresas que resultaron ganadoras en fechas anteriores a la aprobación de los pliegos de condiciones. El organismo lamenta, además, que el 80% de los criterios de selección “dependen de juicios de valor” y no eran, por tanto, objetivos.