El número dos de Hacienda, imputado por el centro de convenciones de Castellón

El secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, será llamado a declarar como imputado por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Monzó tendrá que dar cuenta de su gestión como director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat. Junto a Monzó, que ayer no tenía constancia de ninguna citación judicial, declararán en el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón el ex director técnico de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), Javier de Diego, y el que fuera responsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava, Fernando Benzo.

El consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, reiteró ayer su confianza en Monzó pero dejó en manos del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la aplicación de las líneas rojas contra la corrupción, que en teoría implican que cualquier miembro de la Administración valenciana imputado por corrupción debe dejar su cargo.

La causa abierta por el juzgado castellonense investiga las supuestas irregularidades que se pudieron cometer en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón. El arquitecto visitó Castellón en diciembre de 2007 para firmar con el entonces presidente del Consell, Francisco Camps, y el entonces alcalde de Castellón, Alberto Fabra, el compromiso de levantar un edificio emblemático. Medio año después presentó la maqueta: un diseño de cien millones de euros, 40 más de lo establecido por la Generalitat.

El proyecto se encargó al arquitecto Santiago Calatrava en 2008, y la Generalitat pagó 2,7 millones a este por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, aunque el proyecto fue suspendido temporalmente a finales de 2012 por el Consell debido a la coyuntura económica.

Antes de que el Consell descartara llevar a cabo el proyecto en el corto plazo, Esquerra Unida denunció en 2011 ante la Fiscalía de Castellón irregularidades en la adjudicación del proyecto por considerar que la forma de contratación se realizó a través de procedimiento negociado sin publicidad y mediante el “concierto” de todas las autoridades intervinientes para beneficiar a Calatrava. La Fiscalía, sin embargo, decretó el archivo de la causa en marzo de 2011 e instó a la formación a presentar la denuncia ante el juzgado si lo consideraba oportuno, aunque no se presentó por parte de la formación. Según informaron ayer fuentes de Esquerra Unida conocedoras del proceso, la causa actual ha sido abierta a raíz de una denuncia de un particular presentada en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que derivó el caso a los juzgados de la ciudad de Castellón.