La fiscalía abre diligencias tras la denuncia socialista de los fondos rurales

La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Vicenta Crespo el 23 de junio sobre la gestión de fondos de desarrollo rural, una denuncia que centró en la subvención para un “espacio joven comarcal” en Chiva pero que anunció que ampliaría a más expedientes. Junto a Crespo denunciaron los secretarios locales del PSPV en Buñol, Aurelio Palmer, y en Yátova, Arturo Sánchez, así como Paloma Coiduras, funcionaria que dio pie hace un año a una investigación de los programas Ruralter Leader y Ruralter Paisaje que sigue abierta.

“Hay muchos otros expedientes”, señaló ayer la diputada socialista, en referencia al de Chiva. “Existe un modus operandi y las corruptelas se repiten. No estamos hablando de decenas sino de centenares de expedientes”. Crespo se ha centrado en el grupo de acción local (GAL) número 5, que gestionó más de ocho millones, pero desgrana supuestas ilegalidades muy generalizadas en “la gestión de dinero cofinanciado” por la Unión Europea.

Conceder el 100% de la subvención solicitada a asociaciones, cuando la normativa europea solo permite otorgar la totalidad de lo solicitado a los ayuntamientos y reduce a un máximo del 37,5% la concesión de ayudas a entidades, es una de las prácticas que, en opinión de la diputada socialista, incurre en una malversación de caudales públicos. Permitir que eso ocurra, con informes que hacen la vista gorda, o no ejercer el control de las subvenciones mediante visitas in situ, constituye un posible delito de prevaricación.

“Continuaremos trabajando sobre los expedientes”, indicó Crespo, que recordó que es importante aclarar lo ocurrido de cara a próximos programas de desarrollo rural. “Lo que queremos es que el dinero vaya donde toca”, concluyó.

En la investigación de la fiscalía sobre la gestión por la Generalitat de cerca de 140 millones de euros de ayudas Ruralter en el periodo 2008-2013, que se habrían usado para fines impropios o habrían ido a manos de destinatarios distintos de quienes las solicitaron, participa la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Por otra parte, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) también investiga la gestión de fondos de desarrollo rural por parte de la Administración valenciana.