11.000 coches pierden la tarjeta verde de aparcamiento por no ser de Madrid

Para aparcar libremente en las plazas verdes del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) basta con obtener una tarjeta municipal para residentes, que cuesta dos euros al mes y está a disposición de todos los conductores empadronados en la capital. Desde el pasado 1 de julio, sin embargo, merced a un cambio introducido por el Ayuntamiento de Madrid en su Ordenanza de Movilidad, el 5% de los usuarios de esas tarjetas (unas 11.000 personas) perderán ese derecho, al añadirse como requisito adicional que el vehículo también esté empadronado en la capital; es decir, que pague aquí el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Con esta medida, el gobierno municipal que dirige Ana Botella (Partido Popular) pretende combatir una práctica habitual de las empresas de alquiler de vehículos, que empadronan sus coches en pequeñas localidades que, a modo de paraísos fiscales, cobran un impuesto mínimo a cambio.

El Ayuntamiento cifra en más de 62 millones de euros las pérdidas por esta práctica desde 2001.

El cambio de normativa afectará también a aquellos ciudadanos de otros municipios o regiones que hayan venido a estudiar o trabajar a la capital y, por el motivo que sea, no hayan cambiado el domicilio en el permiso de circulación de su vehículo. Las tarjetas afectadas por esta modificación de la ordenanza seguirán en vigor hasta el 31 de diciembre, pero no podrán ser renovadas. El Ayuntamiento también permite a aquellas personas que no están empadronadas en Madrid obtener una tarjeta de residente temporal con validez de un año improrrogable.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica tiene un coste de entre 66 y 143 euros anuales para la mayoría de turismos en Madrid (de ocho a 16 caballos fiscales). El Ayuntamiento gestiona cerca de 1,7 millones de recibos anuales. Tanto en 2013 como en 2014, el tributo se encareció un 2%, aunque para 2015 Botella ha prometido rebajarlo el 10%.

Es el Gobierno central el que decide (primero, mediante la Ley de Haciendas Locales, y después en los Presupuestos Generales) la cuantía del recibo, pero permite a los Ayuntamiento multiplicar hasta por dos la cantidad fijada, o incluir bonificaciones del 75% en su pago (y del 100% en caso de vehículos de más de 25 años).

Esas bonificaciones, que en principio tendrían que tener un objetivo medioambiental (paga menos el que menos contamina) son usadas desde hace años por algunas localidades para atraer a empresas de alquiler de coches para que registren allí su flota.

En la capital había 1,9 millones de vehículos en 2012 (último año con datos de la Comunidad de Madrid); es decir, aproximadamente 0,6 por habitante. En Las Rozas de Puerto Real, un municipio de 484 habitantes, había 11.440 coches. Casi 24 por persona. En Colmenar del Arroyo, con 1.348 habitantes, había 38.553 coches. 28 por persona. En Redueña, 284 habitantes y 5.381 coches. 19 por persona. En Robledo de Chavela, 4.137 habitantes y 98.445 coches. 24 por persona.

Buen ejemplo de estas prácticas es Torrelodones: en 2001 tenía 14.717 habitantes y 36.167 vehículos; en 2008 tenía 20.452 habitantes y 93.835 vehículos; en 2012, 22.680 habitantes y 14.781 vehículos. Todo, al albur de esas bonificaciones fiscales. Para beneficiarse de ellas, las empresas de alquiler se limitan a abrir una oficina, casi siempre ociosa, en la localidad que más les conviene.

En 2011, Madrid estimó en 62,4 millones de euros la cantidad que había dejado de percibir en una década por esas prácticas. Calculó que la flota de esas empresas empadronada en la capital había descendido de 47.499 vehículos en 2011 y a 426 en 2011. Sin embargo, la mayoría mantenía su domicilio social en Madrid.

Por ello, exigió a la Dirección General de Tráfico (DGT) que endureciera las normas de inscripción de los vehículos, para que los coches tributaran allí donde la empresa operara. La DGT se negó, y el Ayuntamiento acudió entonces ante la justicia, pero el Tribunal Supremo le quitó la razón en sentencia de julio de 2011.

El Ayuntamiento ve doblemente “fraudulentas” estas prácticas, porque la ley permite bonificaciones en función de la “incidencia en el medio ambiente” de motores y combustibles, y no de forma indiscriminada. Así, la capital, por ejemplo, bonifica en un 75% el pago del impuesto en el caso de vehículos eléctricos e híbridos.