La Generalitat rehabilitará pisos que sus dueños cedan para alquiler social

El Gobierno catalán explorará nuevas vías para movilizar y lograr que se alquile el parque de viviendas vacías, sean nuevas o de segunda mano. Solo de obra nueva hay 80.000. De ahí que, el mismo día que el ejecutivo ha aprobado en su reunión semanal el impuesto que gravará los pisos en manos de la banca que lleven más de dos años deshabitados, ha presentado una experiencia piloto: el alquiler solidario.

Se trata de que los propietarios de pisos que están cerrados los cedan gratis a la administración durante seis años a cambio de que la Generalitat haga obras de rehabilitación y pague los gastos. Los pisos se alquilarán a precios sociales, que dependerán de la ubicación de la vivienda, su tamaño y los ingresos del inquilino final.

Obras como poner al día el baño, la cocina o las instalaciones, ha precisado el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, que ha manifestado que la idea "tiene un punto de audacia y de creatividad". Inicialmente, el Gobierno catalán ha dispuesto una partida de 2,5 millones de euros para el programa, que permitirían hacer obras por valor de 12.000 euros en 200 pisos. "Ojalá necesitemos ampliarla, nada nos gustaría más que ver que la ciudadanía se suma ", ha añadido.  El ejecutivo también pagará los gastos de contribución y comunidad, ha precisado.

La nueva experiencia piloto se ha anunciado el mismo día que el ejecutivo ha aprobado, para dar trámite en el Parlament, el proyecto de Ley del impuesto para grabar los pisos vacíos en manos de la banca. Una tasa que Vila ha reiterado una vez más que "más que un ánimo recaudatorio persigue ser un estímulo" para movilizado la enorme bolsa de viviendas nuevas sin usar.

Vila ha celebrado que antes de su entrada en vigor, la tasa ya ha surtido efecto. "Como los convenios firmados con entidades como Catalunya Banc, Bankia o la Sareb para la cesión de viviendas para alquiler social", ha celebrado tras recordar que del nuevo impuesto quedarán excluidos los propietarios privados o entidades del tercer sector que tienen pisos vacíos.

La Generalitat estima que de los 80.000 pisos de obra nueva que hay en Cataluña unos 15.000 son susceptibles de entrar en el paquete que podría tener que pagar el impuesto, los que están ubicados en los 70 municipios donde el Plan Territorial Sectorial de Vivienda ha acreditado que hay una fuerte demanda de vivienda. La cuantía media de la tasa será de entre 850 y 1.650 euros anuales por vivienda. La idea es que la ley supere el trámite del Parlamento durante el pleno de la próxima semana y comience a aplicarse a comienzos de 2015.