Los patronos desbordan a Fabra

Los empresarios valencianos, poco dados a actuar como un lobby, están hartos de que la Comunidad Valenciana ocupe los puestos de cola en el reparto de las inversiones del Estado. Son los grandes perjudicados por la debilidad política del presidente Alberto Fabra y su gobierno frente a Madrid. No es la primera vez que los patronos se plantan ante el poder y plantean sus reivindicaciones; ahí están para acreditarlo las cumbres empresariales de Orihuela o Peñíscola. El último puñetazo en la mesa de los patronos ha sido espontáneo pero nace del convencimiento que dan las estadísticas que, se pongan del derecho o del revés, evidencian la discriminación de la Comunidad Valencia por parte de Madrid. Las hemerotecas son testigo de lo que costó reconvertir la Nacional 3 en autovía, pese a ser una de las vías con más tráfico del país, o que la alta velocidad llegase a Valencia o Alicante (en Castellón se espera para 2015) más tarde que en otras capitales españolas como Sevilla, Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valladolid.

“En otros territorios políticamente más fuertes, los empresarios se han ocupado más de acompañar y colaborar con sus políticos. Aquí la debilidad del poder político valenciano les ha obligado en varias ocasiones a tomar la iniciativa. Es una constante a lo largo de la historia reciente”, recuerda el geógrafo Josep Vicent Boira. Es evidente e innegable, añade el profesor, que los valencianos están infrafinanciados y que ningún político valenciano ha sido capaz de revertir este agravio.

Los datos soportan la denuncia de discriminación que verbalizaron los patronos el lunes. “Aportamos el 9,6% del PIB, tenemos el 10% de la población y somos origen del 10% de la exportación española...”, argumentaron. Si el Estado hubiera invertido en este territorio la media española, los valencianos se habrían beneficiado de otros 6.450 millones de euros a lo largo de los últimos 14 años. “Si nos vamos a la inversión por habitante”, denunció el socialista Herick Campos en el Congreso de los Diputados, “la media nacional está en 209 euros per cápita frente a los 121 euros por valenciano”. Es decir, 88 euros por debajo. Los empresarios calculan que será necesaria una inyección de 9.800 millones a repartir en una década para revertir la situación.

Y las cosas no mejoran con la recuperación que pronostica el Gobierno español: mientras la Administración Central ha incrementado en el primer cuatrimestre del año las licitaciones en todo el Estado; en la Comunidad Valenciana este parámetro se hunde un 62%. Los proyectos se han ido a otros lugares de España y los empresarios valencianos han estallado. “Queremos que se nos trate igual que a los demás; que primen los criterios económicos, no los políticos”, señala la Cámara de Contratistas.

El sector de la construcción vive bajo mínimos durante estos años de crisis. La licitación de las tres administraciones ha caído un 77% mientras en el territorio valenciano lo ha hecho en un 88%, once puntos más. El sector de la obra civil ha pasado de los casi 5.000 millones de euros que se licitaron en 2007 a los 589 del año pasado.

Y la situación no pinta mejor en los primeros meses de 2014. Si en los Presupuestos Generales, la Comunidad Valenciana absorbe el 6,2% de la inversión regionalizada del Estado —cuatro puntos por debajo del 10% que le correspondería por PIB y población—, la licitación [cuando la obra sale a concurso público] no ha superado de enero a mayo un exiguo 3,3%. Es decir, la inversión de partida es baja y encima su nivel de ejecución es muy bajo.

La mala situación financiera local hace imposible que el Consell supla el papel del Estado como ha hecho en otras épocas. El déficit, los consiguientes ajustes y la infrafinanciación autonómica han dejado pelado el presupuesto autonómico. De hecho, la Generalitat licitó el año pasado solo un 5% del presupuesto del que disponía seis años atrás. Y la Consejería de Infraestructuras, una de las más inversoras del Consell, invertirá este año un 15% de lo que lo hizo hace cinco años. La conclusión es obvia: la Generalitat no puede cubrir las carencias del Gobierno español “como hicimos desatinadamente, y con cargo a la deuda, entre los años 2006 y 2010”, remachan los contratistas.

“Estamos instalados en mínimos. Tanta austeridad y ajuste prolongado están colocando a la obra civil en un punto crítico”, advierte con cierta crudeza la Cámara de Contratistas. En los últimos cinco años el sector de la construcción ha destruido en la Comunidad Valenciana unos 185.000 empleos. Unos 140.000 se perdieron en el subsector de la edificación tras el pinchazo de la burbuja y otros 45.000 aproximadamente se fueron por la casi paralización de la obra civil, recoge un informe de este colectivo.

Según el profesor Josep Vicent Boira, la Comunidad ha invertido más en ganar tiempo que espacio. “Llegamos mucho antes a los lugares con los que siempre hemos estado conectados”, explica el geógrafo, que sostiene que se han perdido oportunidades para enlazar la autonomía con nuevos sitios. Es preciso que la CV-10 (Autovía de la Plana) se termine y conecte al norte con Cataluña. También que se desarrolle el corredor entre Sagunto y el Cantábrico y hay que terminar el corredor mediterráneo, añade. Los empresarios locales defienden que estos proyectos son rentables y, por tanto, deberían de tener prioridad sobre otros aprobados por intereses meramente políticos.

Dirección contraria a la Unión Europea

En España, añade el presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel, “vamos en dirección contraria a la Unión Europea”. La ratio española de inversión pública (por kilómetro cuadrado y millón de habitantes) entre 2013 y 2015 será un 62% inferior al alemán y al francés, un 64% al italiano y un 80% al inglés. No tiene sentido, subrayan.

Cargados de razones, el frente empresarial valenciano ha enviado sendas cartas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para expresarles su desacuerdo con la distribución del presupuesto. Ya es tarde para corregir el del año en curso, pero tienen margen para influir en el de 2015.

El presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, lo expresaba el lunes con claridad. Para el año que viene reclaman un 10% de la inversión y a partir de 2016, ésta debería subir al menos un punto para recuperar el dinero perdido.