Anticorrupción avisa del crecimiento “desmesurado” del caso de los ERE

La apertura de múltiples causas en paralelo por parte de la juez Mercedes Alaya desde que comenzó su investigación de los ERE hace tres años es una de las críticas más habituales que la instructora recibe desde las partes personadas y algunas formaciones políticas. La Fiscalía Anticorrupción lo ha expresado de manera gráfica al avisar a la magistrada del “crecimiento desmesurado y no justificado” del volumen del caso. Para los dos fiscales de la causa, esta multiplicidad de investigaciones provoca una “dispersión de los recursos humanos y materiales de la administración de justicia” causante de la “demora” de la instrucción judicial.

Este retraso por las múltiples vías abiertas provoca como primera consecuencia la dificultad para lograr el retorno de los fondos públicos percibidos de manera ilícita. Es decir, la dispersión se traduce en un evidente retraso para lograr que el dinero regrese a las arcas públicas, primer objetivo de la justicia en este caso, según entiende la Fiscalía Anticorrupción. En paralelo, los fiscales alertan de nuevo del riesgo de prescripción de algunos delitos investigados en la causa, como ya han subrayado en anteriores escritos. La fiscalía expresa estas consideraciones en el recurso presentado ante la Audiencia de Sevilla por el auto en el que Alaya acordaba solicitar más documentación al Parlamento y la Cámara de Cuentas. La causa acumula ya casi dos centenares de imputados y miles de folios.

La juez, tras la solicitud del letrado Juan Carlos Alférez que defiende a un alto cargo de la agencia Idea, accedió a solicitar al Parlamento de Andalucía y a la Cámara de Cuentas que ampliara su información enviada al juzgado sobre los informes de las ayudas investigadas. Alaya requirió al Parlamento que le aportara todas las enmiendas formuladas por los grupos políticos (PSOE, PP e IU) en relación a las leyes de Presupuestos y al fondo de los ERE, entre 2002 y 2009. La juez buscaba precisar el grado de conocimiento de los diputados sobre el fondo, cuyo presupuesto se debatió en la Comisión de Hacienda. Alaya dio parcialmente la razón al letrado, pese a las quejas de la Cámara por el aforamiento de sus diputados, expresadas esta primavera a través de los medios de comunicación y ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la contundente oposición de Anticorrupción, que presentó un recurso para oponerse a Alaya. El recurso de ayer es otra discrepancia más de un largo listado entre la juez y Anticorrupción.

Por otra parte, la magistrada acordó abrir unas nuevas diligencias previas contra el dueño de Uniter, José González Mata, por un presunto delito de alzamiento de bienes a cuenta del cambio de titularidad de una finca del imputado un mes después de que el juzgado iniciara el proceso de embargo de sus propiedades. La magistrada recuerda que González Mata resultó imputado el 27 de enero de 2012, tras lo que el 17 de junio de 2013 prestó declaración en sede judicial. Más tarde la juez impuso al imputado una fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones.

El 2 de julio de 2013 el juzgado requirió a González Mata para que designara bienes de su propiedad. No obstante, Alaya da cuenta de que recibió del Registro de la Propiedad de Jerez un mandamiento por el que denegaba anotar el embargo de una finca “por figurar inscrita a favor” de la compañía de Tapones Irrellenables S.A., “persona distinta del imputado”.

Es decir, esta escritura a favor de la citada compañía mercantil fue otorgada un mes después de que el juzgado iniciara el proceso de embargo contra González Mata, por lo que la juez entiende ahora que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes y por ello abre estas diligencias nuevas.