Indignación en la fiscalía y la Generalitat por el fallo del asedio al Parlament

La sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió el pasado lunes los 19 acusados de un delito contra las instituciones del Estado por el asedio al Parlament catalán en 2011 será recurrida ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía, el Gobierno de la Generalitat y la propia Cámara autónoma. Las tres instituciones, que han ejercido la acusación en el proceso junto con el sindicato ultraderechista Manos Limpias, censuraron este martes la resolución judicial, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez y que cuenta con el voto particular del presidente del tribunal, Fernando Grande Marlaska.

La Audiencia Nacional consideró que los procesados no cometieron el delito contra las instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita del que estaban acusados. El tribunal concluyó que no se ha podido acreditar o no consta que los procesados golpearan el coche oficial del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ni que le arrojaran un cono de plástico, ni que escupieran, increparan, insultaran o golpearan a diversos parlamentarios, como aparece en las grabaciones que realizaron los Mossos d’Esquadra y que sirvieron de prueba inculpatoria.

Los del 15 de junio de 2011 fueron hechos “muy graves que afectan a la soberanía democrática”, dijo en Barcelona el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. En el mismo sentido se expresó Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán. “Nuestro propósito no es debatir con los tribunales. Pero nuestra sorpresa se basa en el contraste entre los hechos que vio todo el mundo y que la sentencia no los considere probados”, afirmó. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, explicó que la sentencia “ha causado sorpresa” por la “manera en que se ha planteado el caso”, “por los hechos” y “por cómo se llega a la absolución”. En su opinión, los jueces “dan la impresión de que otorgan poca importancia a lo que pasó”. En esa misma línea, el consejero de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, dijo sentirse más cerca del magistrado Fernando Grande Marlaska, quien en su voto particular pidió condenar a 10 de los acusados por “alterar el funcionamiento y dignidad del Parlament”, al impedir que los diputados acudieran a la Cámara “o con la necesaria tranquilidad”. Fue más allá el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que tachó el fallo de “barbaridad jurídica” que “deja indefensas a muchas instituciones”.

La decisión de recurrir la sentencia por parte del Parlamento catalán se formalizará hoy por la noche en la reunión de la Mesa de la Cámara, y no será unánime. CiU y PP, que tienen mayoría, apoyan el recurso, Esquerra se abstendrá y el PSC decidirá hoy su voto. Ciutadans, fuera de la Mesa, apoya también la impugnación. Jordi Turull (CiU) tachó el fallo de “despropósito” y recordó que algunos de los manifestantes cruzaron la “línea de la violencia”. La CUP insistió en defender la absolución de los acusados. El socialista Maurici Lucena calificó el asedio de temporal pero grave al impedir la actividad a los diputados y recordó que la “anomalía” se reflejó en dos imágenes: el Pleno tuvo que empezar con retraso y Artur Mas y De Gispert llegaron a la Cámara en helicóptero.

La presidenta de la Cámara muestra su “sorpresa” por

Iniciativa rechaza el recurso y pedirá la dimisión del actual consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Felip Puig, que entonces era titular de Interior, por el dispositivo policial de los Mossos. El PSC también censuró el dispositivo. Homs rechazó esas críticas: “Decir que la culpa de lo que pasó fue de los Mossos es para decir: ‘Apaga y vámonos”.

La sentencia rebate la tesis de las acusaciones, según la cual los manifestantes impidieron a los parlamentarios el acceso a la Cámara. El dispositivo de seguridad diseñado por los Mossos d’Esquadra dejó abierta la puerta número 7 del Parque de la Ciutadella, donde está el Parlamento catalán. “Por lo tanto, no fueron los manifestantes quienes obstruyeron las diversas vías de acceso, como se dice en los escritos de acusación”, dice la sentencia. Para ello se basa en el relato de los propios diputados, que fueron advertidos para entrar por aquella puerta. Como hasta bien entrada la mañana no se levantó el cordón policial para permitir el tránsito de personas, los manifestantes se concentraron en aquella puerta y “la confrontación con los diputados se hizo inevitable”, dicen los jueces.

El tribunal dice que los Mossos, y no los manifestantes, bloquearon el acceso

En otro apartado el tribunal recuerda que la policía autonómica no negoció en ningún momento con los indignados el uso del espacio ni sus métodos de protesta, “lo que impidió levantar con un mínimo de certeza las expectativas sobre lo que estaba permitido”.

La Audiencia Nacional hace un extenso alegato de la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación. “Gozan de una posición preferente en el orden constitucional” y por ello “resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio” de esos derechos fundamentales, sostiene el fallo, “si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo”.