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EUPV denuncia a Cotino ante la fiscalía por beneficiar a la empresa familiar

La diputada Esther López Barceló afirma que, como consejero de Bienestar Social, permitió triplicar el volumen del negocio en el que participaba Sedesa

La diputada Esther López Barceló, este lunes, a la entrada del TSJ con la documentación que ha llevado a la fiscalía.
La diputada Esther López Barceló, este lunes, a la entrada del TSJ con la documentación que ha llevado a la fiscalía.

Ya hay una denuncia concreta contra Juan Cotino en manos de la fiscalía. La diputada de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) Esther López Barceló presentó este lunes ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una denuncia contra el actual presidente de las Cortes Valencianas por las decisiones que adoptó cuando era consejero de Bienestar Social sobre las plazas residenciales de la tercera edad y que supuestamente beneficiaron a la empresa de su familia.

Acompañada por la coordinadora y portavoz de EUPV, Marga Sanz, y por el portavoz adjunto de la coalición, Ignacio Blanco, López Barceló explicó, a la entrada al la sede del TSJCV, que se disponía a hacer entrega de “todos los expedientes de las adjudicaciones”, especialmente de aquellas que “se produjeron cuando Cotino era todavía consejero de Bienestar Social, si bien la publicación se produjo cuando ya era consejero de Medio Ambiente”.

La diputada aportó también la transcripción de las conversaciones grabadas en el marco de una pieza del caso Brugal a Vicente Cotino, responsable de Sedesa y sobrino de Juan Cotino, el empresario Enrique Ortiz y el consejero delegado de Centros Residenciales Savia, Arturo Alario. Esta última firma estaba participada por Sedesa, al igual que Gerocentros del Mediterráneo, y era la principal adjudicataria de plazas residenciales de la tercera edad.

La denuncia presentada por EUPV sostiene que, gracias a las decisiones adoptadas por Cotino, el Grupo Savia multiplicó casi por tres las 716 plazas subvencionadas que tenía en 2006 y pasó de poseer 13 centros a 21 en 2009. También garantizó que esos centros pudieran concertar al 100% sus plazas, es decir, que pudieran recibir subvenciones públicas.

Añade la denuncia que “mediante procedimiento negociado y sin publicidad”, en noviembre de 2008 y octubre de 2009, se aumentó el precio público de las plazas subvencionadas de 43 a 56 euros diarios y de 56 a 58, respectivamente. “El hecho de aumentar las plazas y subir el precio de estas permitió triplicar el volumen de negocio de las empresas de las que participa la familia Cotino de 11 millones de euros en 2006 a más de 40 millones en 2009, por su concierto residencial con la Administración", señala el escrito presentado a la fiscalía.

La diputada López Barceló vinculó todos esos datos con las grabaciones, cuyas transcripciones revelan cómo Vicente Cotino, Enrique Ortiz y Arturo Alario se referían a Juan Cotino y a la intención de llevarse las plazas de residencias. La parlamentaria indicó que presenta toda la documentación de que dispone para que “la fiscalía dirima si hay un delito de tráfico de influencias del señor Cotino y otros miembros de la Administración”. Añadió que, sea lo que sea lo que decida el ministerio público, existe una responsabilidad política. “La falta de moralidad, la falta de ética, es manifiesta”, afirmó la diputada López Barceló. “Por eso Cotino debería dimitir”.