Baltar cierra su juicio endosándole la culpa a dos excargos de confianza
“Me pidieron que me hiciese cargo porque si no se les caía el pelo a ellos”, afirma
En el caso de morir, José Luis Baltar prefiere hacerlo matando. El extodopoderoso presidente de PP y de la Diputación de Ourense puso ayer la guinda a los cinco días de juicio al que se ha sometido —acusado por la fiscalía de haber enchufado a 104 personas en el entorno del congreso provincial del PP que ganó su hijo— proclamando su inocencia y acusando del delito que se le imputa a él al secretario de la institución, Francisco Cacharro —hijo del también exbarón del PP gallego y expresidente de la Diputación de Lugo—, y, en mayor medida, al jefe de Recursos Humanos, José Luis Suárez, hijo de su fiel alcalde de Monterrei. Los culpó a ambos (acababa de hacerlo su defensa) de la prevaricación. “Yo soy inocente”, proclamó el acusado para protestar de inmediato porque “se quedaron otros en el camino”. Después les puso los nombres y las descalificaciones: “Me visitaron [Cacharro y Suárez] después de la querella para decirme que me hiciese cargo porque si no se les caía el pelo a ellos”, los acusó.
Nervioso y visiblemente molesto por el desarrollo del juicio, Baltar aprovechó su alegato final para deshacerse en elogios hacia la juez, la titular del Juzgado de lo Penal 3 de Ourense, Caterina González. Dirigiéndose directamente a ella, el expresidente la alabó dando por hecho que había “interpretado como tiene que interpretarlas” las declaraciones “y no como lo han hecho los abogados de la acusación”. No solo arremetió contra sus dos excargos de confianza. Descalificó también a los letrados del PSOE y de Manos Limpias acusándolos de buscar proyección mediática. “En su día van a tener un pleito de esta categoría”, sentenció antes de que la juez le pidiera respeto. “También ellos se despacharon contra mí”, protestó entonces el acusado. Después, insistió en el papel de víctima.Tras lisonjear de nuevo a la juez por su trabajo, apeló a sus 73 años de edad para precisar que por primera vez se sentaba en un banquillo y para sentenciar que en esta causa “solamente se va a la caza mayor”, en alusión a sí mismo. Fue entonces cuando cargó contra Suárez y Cacharro asegurando que habían mentido en el juicio “asesorados por quien sea” para perjudicarlo a él.
Semblanza del caciquismo
“Junto con el expresidente está en el banquillo una forma de hacer las cosas; una idea de lo que es la institución democrática”. El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, arremetió en la exposición de sus conclusiones finales contra el clientelismo político, contra quien piensa “que el ordenamiento está al servicio de ese fin por ser presidente o alcalde”. Delgado y la acusación ejercida por el letrado del PSOE José Arcos realizaron una cruenta semblanza del caciquismo que atribuyeron al expresidente ourensano. “Se ha quebrantado de manera consciente el sacrosanto principio democrático” de la igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, señaló el fiscal, que achacó a “la voluntad de una persona que piensa que es un tipo muy bueno” el delito de prevaricación. En su opinión, el expresidente “creyó que él era más que el ordenamiento” por lo que “seleccionó con su criterio, que es el que vale, al personal” que empleó a dedo mediante decreto “sin atender la advertencia de ilegalidad que le hizo verbalmente el jefe de Personal. ¿Pero dónde se ha visto?”, clamó el representante de la fiscalía.
“Hay unos responsables que hicieron caso omiso de sus obligaciones”, insistió el exbarón en señalar a los antaño funcionarios de su confianza. Y concluyó —en alusión a la ausencia de convocatoria pública de los 104 empleos que repartió a dedo entre personal afín— señalando que él nunca se había ocupado de “ningún acto que no fuera el de la selección del personal”.
Su alegato redondeó la intervención de la defensa. Su letrado, Luis Romero, acababa de precisar que la ausencia de convocatoria pública del largo centenar de plazas era en realidad responsabilidad del jefe de Recursos Humanos y no del presidente. “Mi patrocinado solo quería satisfacer el interés general”, puntualizó tras reconocer que Baltar sí había elegido los nombres de los enchufados.
Romero acusó entonces directamente a Suárez. “Fue él quien redactó los decretos” que firmó Baltar, aseguró, y puntualizó que la única prueba que incrimina al exbarón sobre la decisión de no sacar las plazas a concurso es la declaración del jefe de Recursos Humanos que aseguró bajo juramento —reforzado con la declaración, también bajo juramento, de Cacharro— que había alertado verbalmente de la ilegalidad a su entonces jefe sin que este le hubiera hecho caso. “Es su palabra contra la del presidente”, concluyó el abogado defensor.
El letrado del PSOE fue desgranando la relación con el expresidente reconocida por los beneficiados con los empleos a dedo que acudieron al juicio como testigos. Dibujó un panorama de “amigos, exalumnos, vecinos, militantes del PP e incluso compromisarios” en el congreso provincial del partido en el que se consumó la sucesión dinástica del baltarismo. Y señaló igualmente al expresidente como responsable de la prevaricación.
