El juez imputa al constructor Jordi Sumarroca por el ‘caso Torredembarra’
El consejero delegado de la empresa Teyco está acusado de delitos contra la administración
El Jjuzgado número 1 de El Vendrell (Baix Penedès) ha imputado al consejero delegado de la constructora Teyco, Jordi Sumarroca Claverol, por presuntas irregularidades dentro del caso de corrupción del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragonès), según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sumarroca, citado el miércoles por la mañana, se negó a declarar ante el juez, según explican fuentes cercanas al caso. Asimismo el juez del número 1 de El Vendrell ha imputado a Ester Arroyo, interventora del Consistorio, por un presunto delito contra la administración pública tras prestar declaración ayer la funcionaria en sede judicial.
Con Arroyo, ya son diez las personas imputadas: el alcalde del municipio, Daniel Masagué (CiU), preso en la cárcel de Brians, seis concejales y dos empresarios.
Jordi Sumarroca está acusado de delitos contra la administración pública, apunta el TSJC. El juez, la Fiscalía y la Guardia Civil indagan si Teyco, que realizó obras públicas en Torredembarra, mantuvo también relaciones con sociedades vinculadas al acalade Masagué. En concreto, Teyco presuntamente habría hecho negocios con Maes, una panadería del edil, y una inmobiliaria que también estuvo vinculada al alcalde, explican fuentes cercanas al caso.
La Guardia Civil registró las oficinas de Teyco en Barcelona el pasado 26 de junio. A su vez, los agentes también registraron durante 14 horas el Ayuntamiento de Torredembarra, dos domicilios del alcalde y la panadería. La Guardia Civil arrestó a Masagué y el juez decretó su ingreso en prisión sin fianza. Teyco ha levantado en el municipio, entre otros proyectos, el aparcamiento de Filadors. El PSC denunció en un pleno en 2010 que el presupuesto del equipamiento, inicialmente de alrededor de dos millones de euros, acabó costando casi un millón más. La CUP acusó en 2013 al alcalde de conceder a dedo las obras.
En Torredembarra otros cinco ediles de CiU, PP y los independientes GIT también fueron arrestados dentro de la misma operación y se encuentran en libertad con cargos. El número de delitos imputados es mayor o menor según la supuesta implicación en la trama de cada acusado. Entre ellos se encuentra prevaricación, malversación, vinculación con organización criminal, blanqueo, tráfico de influencias, cohecho, alteración de concursos públicos además de falsificación de documentos, indicaron fuentes cercanas al caso.
Gobierno paralizado
PSC, ERC y Alternativa Baix Gaià (ABG), en la oposición, pidieron ayer un pleno extraordinario para recortar poderes a la Junta de Gobierno Local de Torredembarra, actualmente formada por el alcalde, Daniel Masagué (CiU), encarcelado en Brians 1, y dos concejales imputados. La petición se registró en el Ayuntamiento minutos antes de las dos de la tarde y no la suscribe Agrupació Democràtica per Torredembarra, también en la oposición.
Los tres partidos firmantes piden la celebración de un pleno extraordinario que debería convocarse en 15 días para revocar el acuerdo tomado en el pleno del 21 de junio del 2011, por el que se delegan amplias competencias a la Junta de Gobierno Local para que las retome el pleno otra vez.
También piden en un segundo punto que se inicie un expediente para que el secretario municipal retome funciones que perdió en el 2009. La oposición ha dado este paso tras pedir sin éxito una junta de portavoces urgente a la alcaldesa accidental, Paqui Felguera (CiU), y contestar ella que está pendiente de un informe del secretario municipal. El gobierno de Torredembarra está paralizado tras la detención del alcalde y de seis concejales.
La Guardia Civil realizó los arrestos y los registros por un cúmulo de presuntas irregularidades en Torredembarra. Las denuncias llevadas a la justicia por los partidos de la oposición —PSC y ERC—, y particulares llevan sucediéndose durante todo este mandato. Entre ellas, la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Baix Penedès) indagan en la presunta ilegalidad de trabajos de asesoramiento e informes encargados mensualmente a la empresa consultora Efial. También el alquiler de dos locales, uno de ellos pactado inicialmente por 6.000 euros al mes pese a sufrir varias carencias.
Pese a que el alcalde se encuentra en prisión, Convergència Democràtica (CDC) ha evitado pedir su dimisión. El consejero de Empresa de la Generalitat, Felip Puig defendió la presunción de inocencia del edil y también aseguró que mantiene una amistad con él: Masagué es “buen amigo mío, lo conozco desde hace muchos años”, alegó el consejero de Empresa de la Generalitat.
El secretario de Organización del partido, Josep Rull, aseguró en una conferencia de prensa que antes de actuar el partido quiere “saber con precisión de qué se está hablando y escuchar a nuestra gente; sin tener antes estos elementos no tomaremos ninguna decisión”, afirmó. Rull pidió “respeto a la presunción de inocencia” del alcalde y de los concejales imputados. Precisamente, la familia Sumarroca fue una de las fundadoras de Convergència.
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