La juez imputa a dos personas por la muerte de la familia de Alcalá de Guadaíra

La juez Laura Ruiz, que investiga la muerte de tres miembros de una familia en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el pasado diciembre, ha imputado a dos personas por tres homicidios imprudentes y un delito contra el medio ambiente por el reciclaje de los tapones del plaguicida que causaron la tragedia. La magistrada reactiva así el caso contra la responsable de la empresa de gestión de residuos peligrosos Alansu, que debía reciclar los envases de plaguicida, y de la chatarrería Reciclados Nivel, que se los compró, según avanzó ayer Diario de Sevilla.Las víctimas inhalaron fosfuro de aluminio, un compuesto químico usado para fumigar contra plagas de insectos o roedores y que al entrar en contacto con el agua o el aire húmedo libera un gas tóxico denominado fosfina.

Además de las dos personas imputadas, que son la empresaria de iniciales M. R. S. y 45 años y P. A. G. de 47, y responsable de la chatarrería, la juez ha acusado a sus dos empresas. La instructora estima que existe la posibilidad de que hubiera delito en el tratamiento de dichos tapones de plaguicidas, que causaron la muerte del matrimonio y su hija, según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

Hace unos meses la juez ordenó a la Policía Judicial que investigara cómo los fallecidos accedieron a los tapones de plaguicida localizados en el cuarto de baño de su vivienda y de los que surgió la intoxicación. De estas pesquisas policiales han nacido ahora estas imputaciones, después de que la policía acusara a las dos personas durante su investigación. El auto de la juez especifica que las sociedades deberán aportar la documentación correspondiente a los seguros de responsabilidad civil que pudieran cubrir su actividad.

Esta nueva rama se ha abierto después de que quedase archivada la causa penal por la muerte de la familia

La policía había concluido en sus investigaciones que la empresa de gestión de residuos y la chatarrería habían motivado que los tapones terminaran almacenados en el baño de la vivienda y posteriormente desprendieran la fosfina al entrar en contacto con el aire húmedo o el agua, lo que tuvo un resultado fatal. Esta nueva rama del caso se ha abierto después de que, en febrero pasado, quedase archivada la causa penal por la muerte de la familia Caño Bautista al estimar la juez demostrado que las muertes habían sido accidentales.

No obstante, al tratarse de una sustancia nociva y peligrosa, los envases deben ser desechados según un protocolo y por una empresa autorizada. Por ello, la juez ordenó realizar la investigación policial, que trata de aclarar, entre otras cuestiones, si los botes de aluminio fueron vendidos con sus respectivos tapones a la chatarrería y cómo llegaron dichos tapones a la vivienda de la familia, barajándose como hipótesis que Reciclados Nivel pudiese haber pagado con tapones al cabeza de familia a cambio de chatarra, informa Europa Press.

El Instituto Nacional de Toxicología determinó a principios de este año que el fallecimiento de la familia, ocurrido el 14 de diciembre de 2013, se debió a la intoxicación accidental tras inhalar la fosfina del plaguicida, que estaba presente en los tapones y que el padre de familia recogía previsiblemente para venderlos al peso.

Según ese informe de Toxicología, la muerte de tres de los cuatro miembros de la familia —los padres y una hija de 14 años— se produjo por vía respiratoria y los análisis de los tejidos de las víctimas mostraron compatibilidad con la intoxicación por fosfina. Un tercer miembro de la familia, una chica de 13 años, sobrevivió dado que aquella noche no había cenado en casa y pasó menos tiempo en el entorno en el que se liberó el gas.