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Seis detenidos durante el desahucio de una familia con tres niños en Madrid

Los arrestados intentaban impedir el desalojo que la policía ha efectuado en la calle Carabelos

La plataforma PAH convocó la noche del jueves a que los ciudadanos acudieran a la vivienda

ATLAS

Dos colchones, una bici naranja y negra y una silla de bebé azul aguardan cerca del portal 55 de la calle Carabelos, en el distrito madrileño de Usera. Son los restos del desahucio de Jorge Manuel Avilés, Yolanda de Diego y sus tres hijos de nueve, tres y 20 días. La familia había conseguido aplazar el desalojo en dos ocasiones, pero esta vez las 40 personas que acampaban desde la noche anterior en las escaleras del edificio no han conseguido pararlo. Seis de ellos han sido detenidos, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, acusados de delitos de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Avilés, que trabajaba en construcción, se quedó sin trabajo hace cuatro años. Salían adelante gracias al paro que cobraba y a una pequeña ayuda de la Comunidad de Madrid. Pero hace casi un año, se le agotó la prestación. Lleva 11 meses percibiendo 63 euros. Una cantidad irrisoria para hacer frente a los gastos de alquiler y manutención. “Tuvimos que abandonar nuestra casa porque no podíamos seguir pagándola”, relata el peruano de 57 años. “Pero en algún sitio nos teníamos que meter”, remacha levantando los hombros. La única solución que encontraron fue ocupar un piso vacío en un edificio de la misma calle en la que vivían. Y así llevaban ocho meses. “Nosotros al menos pagábamos los gastos de comunidad”, justifica.

Hace poco más de tres meses, cuentan miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), les comunicaron la intención de desahuciarlos. Y desde entonces han intentado negociar con el banco un alquiler social. “Entregamos los papeles, pero no hemos obtenido ninguna respuesta”, lamenta Avilés. Lo único que consiguieron fue retrasar la expulsión. Dos meses de prórroga para que Yolanda, de 26 años, diera a luz a su tercer hijo, Pedro. 20 días después del nacimiento, la familia se encuentra en la calle de nuevo y sin saber qué hacer. De momento están dejando sus pertenecías en casa de la madrastra de Yolanda, la única de su familia que, según Velasco, les ha ayudado. “No sé cuánto tiempo podremos estar allí porque la casa es pequeña para todos, pero de momento no tenemos otra opción”, afirma cabizbajo.

Los furgones de policía, unos 14 según afirman miembros de los colectivos sociales, han rodeado la manzana sobre las seis de la mañana. La puerta estaba cerrada, pero una vecina les ha permitido la entrada. “Algunos activistas se habían encadenado para impedirles el paso, pero los agentes han cortado los grilletes y les han echado a patadas”, cuenta Adrián Velasco, del grupo de vivienda Usera. “A mí me han agarrado de la coleta y me han arrastrado por el suelo”, añade Aroa de Diego, hermana de la desahuciada, recuperándose del desmayo que ha sufrido.

La versión de la Jefatura de Madrid es que uno de los manifestantes ha intentado saltar el cordón policial e incluso quitar la pistola a un subinspector de la Unidad de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios). Algo que los integrantes de la PAH niegan rotundamente. “Nosotros no estábamos haciendo nada. Somos pacíficos”, asegura Velasco. Los arrestados, entre los que se encuentran presuntamente la esposa y la hija de Jorge Verstringe, han sido trasladados a la comisaría de Usera a la espera de que se les tome declaración. Posiblemente queden en libertad a lo largo del día.

Fuentes de Emergencias Madrid han explicado que sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a cinco policías nacionales y a dos manifestantes por contusiones y golpes de carácter leve. Estas fuentes han negado que el Cuerpo Nacional de Policía les impidiera el paso para atender a los heridos, como afirman algunos de los activistas. Han sido los propios sanitarios, aseguran, los que han decidido esperar a intervenir ante el cariz que estaban tomando los incidentes. 

Los meses de negociación con el banco no han tenido el resultado esperado por la plataforma. La directora de la sucursal de Kutxabank encargada del caso se comprometió, cuentan, a conseguir una prórroga de cuatro meses. Algo, que a la vista de lo sucedido, no ha cumplido. Ajeno a la difícil situación que se le presenta a sus padres, Elías, el mediano de los tres hermanos, juega con otra niña a saltar sobre las maderas que cubren los socavones del vestíbulo. “¡Una rata!”, grita el pequeño de tres años. Ambos inspeccionan divertidos la entrada del inmueble en busca del roedor. “¿Qué va a hacer el banco con esta casa?”, se pregunta uno de los manifestantes señalando los escombros que cubren la entrada del portal. “¿No sería mejor llegar a una solución que beneficiase a todos? Al menos con un alquiler social obtendrían algo de beneficio”.

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