La contratación irregular de 16 asesores costó a RTVV 1,2 millones

Un total de 16 asesores de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), nombrados en su día por José López Jaraba como director general del ente, obtuvieron un contrato indefinido de manera irregular en diciembre de 2012. Jaraba olvidó firmar su cese, junto con su renuncia al cargo de director general, por lo que los asesores pasaron a contratados indefinidos porque nadie les advirtió de que cesaban en su función de asesores.

La decisión ha supuesto para el erario público 783.000 euros en salarios durante el tiempo que permanecieron contratados como indefinidos los 16 asesores tras la marcha de Jaraba y otros 395.000 en concepto de indemnizaciones tras aplicarseles el expediente de regulación de empleo (ERE). En total, casi 1,2 millones de euros que recibió personal afín al PP, incluida alguna persona del equipo de comunicación de Presidencia de la Generalitat con Francisco Camps que fue recolocada en RTVV.

El diputado socialista Josep Moreno acusó ayer a los populares de tramar el olvido de despedir a los 16 asesores. “El olvido ordenado de los asesores enchufados nos ha costado más de un millón de euros”, argumentó Moreno, ante el vicepresidente del Consell, José Ciscar, que ayer compareció en la comisión de Coordinación de las Cortes Valencianas. Ciscar se desentendió de lo sucedido con el argumento de que “es responsabilidad de RTVV la contratación y el despido” del personal.

“No he dicho nunca a ningún director de RTVV o cualquier empresa pública a quién tenía que contratar ni despedir”, remachó el vicepresidente, que no asumió ningún error en la gestión que ha llevado al cierre de Canal 9 y Ràdio 9.

El Consell cifra su patrocinio al fútbol en 50 millones y la oposición en 400

En este contexto, Ciscar negó que la televisión pública valenciana hubiese manipulado la información sobre el accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006. Ciscar insistió en las Cortes en que pudo haber errores, pero nunca manipulación informativa. “No tenemos la certeza de que fuera así, pero si las víctimas lo han percibido de esta manera, el Consell comprende la indignación que puedan sentir y, en este caso, si así lo perciben las víctimas, no tenemos problema en pedir disculpas por eso”, indicó.

Ciscar eludió explicar por qué la televisión valenciana nunca entrevistó —hasta horas antes de su clausura en noviembre de 2013, cuando el Consell había perdido el control sobre los informativos— a los responsables de la asociación de víctimas del accidente de metro 3 de julio. “Hay demasiadas dudas razonables para hablar de manipulación”, dijo Ciscar, que recalcó que, si cualquiera tuviera un familiar entre las víctimas del mayor accidente de metro de España, toda cobertura hecha por Canal 9 “le hubiera parecido incompleta e insuficiente y cualquier error en el tratamiento informativo podría ser percibido por los familiares como una auténtica tragedia”.

Para el vicepresidente del Consell, los testimonios de los extrabajadores de RTVV, que denunciaron presiones y consignas en la información de Canal 9 sobre el accidente de metro que ocasionó 43 muertos, no son presentables. “No es de recibo que tarden siete años en decirlo y que no acudan a los tribunales”, continuó, “¿Si padecieron manipulación por qué no lo denunciaron? ¿Dónde queda su ética?”

La oposición replicó a Ciscar con la relación de escándalos protagonizados por Canal 9. El socialista Josep Moreno; el portavoz de Compromís, Enric Morera, e Ignacio Blanco de Esquerra Unida denunciaron la vinculación partidista de todos los directores generales de RTVV desde que el PP logró la Generalitat en 1995, los enchufes de personas afines incumpliendo la legalidad, las purgas ideológicas de periodistas no afines y el acoso sexual a varias trabajadoras por parte del responsable de personal, además de distintos ejemplos de manipulación informativa.

En la misma comisión parlamentaria, también compareció el secretario autonómico de Turismo, Daniel Marco, que afirmó que la Generalitat y sus empresas destinaron 50 millones de euros a patrocinar clubes de fútbol entre los años 2004 y 2011. Un gasto, según Marco, justificado por la necesidad de “poner en el mapa” la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la oposición no dio verosimilitud a las cifras del secretario autonómico y elevó hasta los 400 millones de euros los patrocinios de la Generalitat en equipos de fútbol, a los que Ignacio Blanco (EU) añadió 132 millones de pérdidas en RTVV por los derechos de retransmisión deportiva.