Una nueva ley limita la actividad de los altos cargos dos años después del cese

El Parlamento Vasco aprobó hoy por unanimidad una ley que endurece el régimen de incompatibilidades de los altos cargos y limita su actividad profesional y económica durante los dos años posteriores a su cese. La norma afecta al lehendakari, consejeros, viceconsejeros y directores del Gobierno Vasco, al ararteko y su adjunto y los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Las Diputaciones de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, y los Ayuntamientos continuarán aplicando sus propias normativas en la materia, aunque se verán concernidos por algunos apartados de la Ley de Incompatibilidades. Así, por ejemplo, las instituciones forales tendrán que asumir la regulación de los conflictos de intereses, mientras que los municipios deberán hacer lo propio con le código de conducta del cargo público.

La socialista Idoia Mendia, impulsora de la proposición de ley, ha puesto en valor el alto consenso que se ha logrado en el trámite parlamentario de esta nueva normativa, forjada durante la anterior legislatura por el Ejecutivo del PSE. Mendia ha resaltado que Euskadi tendrá ahora "un instrumento mejor, con más controles" y ha recordado que, camino al ecuador de la legislatura, la Cámara tan solo ha aprobado cuatro leyes, tres de ellas impulsadas por la oposición.

Limita a un sueldo

El texto aprobado tiene su origen en una proposición de ley tramitada hace un año y medio por el PSE con el objetivo de garantizar que los cargos de la Administración cumplan con el "deber ético" asociado a la función pública, preservar "la legitima confianza que la sociedad deposita en quien gestiona el bien común" y establecer mecanismos de cara a que sus decisiones y actuaciones sean "transparentes". La principal novedad de la ley, que sustituye a la vigente desde 1983, es que obliga a los altos cargos a declarar formalmente sus actividades durante los dos años anteriores a su nombramiento y los dos años posteriores a su cese, y les prohíbe todo tipo de relación profesional y económica con aquellas empresas con las que mantuvieron relación directa en el ejercicio de sus funciones públicas.

No todos somos unos jetas o unos caraduras" ha dicho el PNV

Un ejemplo: un alto cargo que haya adjudicado en el ejercicio de sus funciones contratos a una empresa no podrá trabajar para dicha empresa durante los dos años posteriores a cesar. Por otra parte, la norma prohíbe también que los cargos desempeñen varios trabajos remunerados al mismo tiempo y limita a uno el número de sueldos que pueden percibir con cargo a los presupuestos públicos. Las personas que vulneren la ley se enfrentarán a sanciones que pueden ir desde una mera amonestación en los casos leves a la inhabilitación de hasta diez años en los casos muy graves. El debate en sesión plenaria de esta ley fue pacífico debido al elevado grado de consenso alcanzado entre los grupos políticos durante el trámite en ponencia y comisión.

Este consenso limitó las discrepancias a determinadas enmiendas parciales sobre temas puntuales que fueron reservadas para el pleno por todos los partidos a excepción del PSE y se tradujo hoy en la aprobación por unanimidad del texto. Todos los grupos afirmaron así la bondad de esta norma. La parlamentaria del PNV Ana Otadui afirmó que la Ley de Incompatibilidades constituye "un paso importante" de cara a que loa ciudadanía recupere la confianza en la política y los políticos porque, a su juicio, "no es justo que por unos pocos" se ponga en duda la ética y honestidad del resto. "No todos somos unos jetas o unos caraduras", dijo.

La portavoz de EH Bildu Laura Mintegi planteó el objetivo de "no dejar ningún resquicio para la corrupción" y la utilización perversa del servicio público, y los socialistas defendieron la norma como un instrumento adecuado para "establecer más controles e impedir que nadie busque en la política beneficios económicos". PP y UPyD compartieron también esta opinión y dijeron que los nuevos controles deben servir para reforzar la confianza ciudadana.