El Síndic pide a Sanidad mantener gratis los medicamentos en discapacidad

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana pide en su Informe Anual 2013, que la Consejería de Sanidad mantenga la gratuidad de las prestaciones farmacéuticas, ortoprotésicas y ayudas técnicas a las personas discapacitadas "en los casos acreditados de necesidad" ya que, tras la conocida como ley del copago, ha detectado "situaciones dramáticas" de "familias que no pueden hacer frente" a estos costes.

El defensor del pueblo valenciano propone que, si se utiliza el criterio de la renta para determinar la gratuidad de estos productos, la Consejería de Sanidad debería articular un sistema para poder "valorar de forma individual cada caso". En el sistema de valoración, según el informe, deberían participar trabajadores sociales, en coordinación con los responsables sociales de los Ayuntamientos y de la consejería, para que conozcan "la situación real y actualizada de los ingresos de la unidad familiar, hijos a cargo, coste de las medicinas, y patologías" y se pueda fijar así un protocolo de actuación para determinar la gratuidad "en los casos acreditados de necesidad".

El Síndic pide a Sanidad que, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 8/2008 de la Generalitat de los Derechos de Salud de Niños y Adolescentes, que "asuma gratuitamente la prestación farmacéutica de los menores con un grado de minusvalía igual o superior al 33%". No obstante, señala que en el momento de elaboración del presente Informe anual, seguía a la espera de la respuesta de la Administración Sanitaria a estas recomendaciones

Tras la imposición del copago, el Síndic recibió quejas de personas con discapacidad porque esta ley suprimió en su artículo 160 un párrafo que establecía que "la Generalitat Valenciana garantizará la financiación gratuita para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo de ortoprótesis y ayudas técnicas a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siendo extensible la prestación a los mayores de 18 años diagnosticados con un grado de minusvalía igual o superior al 65%".

Preguntada al respecto, la Consejería de Sanidad ha alegado que la normativa establece "claramente que es una competencia exclusiva del Estado" y que "no es viable legalmente mantener o establecer un régimen de financiación o cobertura de prestaciones particular de la Comunidad Valenciana diferente".

No obstante, el Síndic señala que "en todo caso, impuesta o no por el Estado" esta modificación, la actual situación es que las personas discapacitadas de la Comunidad Valenciana, a partir del 1 de febrero de 2013, deben abonar sus medicamentos atendiendo a su nivel de renta, sujetas a lo que sea ha denominado régimen general de copago farmacéutico salvo que se encuentren en los supuestos previstos en "las normas especificas" que les declara exentos.

Al respecto, considera que una aplicación rigurosa del criterio de la renta "puede atentar al principio de igualdad" ya que "causaría enormes perjuicios al colectivo de personas discapacitadas y a sus familias por la "enorme repercusión" en sus economías que el copago les supondría hasta el punto de "no poder hacer frente al pago". Además, advierte de que supresión de este párrafo "adquiere una mayor importancia" si se tiene en cuenta que han sido adoptadas otras medidas que "afectan gravemente" a la situación socioeconómica del colectivo de personas discapacitadas y, por tanto, "a su derecho al acceso a los recursos en igualdad de condiciones".

Entre ellas, cita la no consideración del 33% de discapacidad como criterio puntuable en el acceso a becas de transporte escolar, la disminución de las ayudas dirigidas a la promoción del empleo y la inserción laboral o las "demoras" en los pagos a entidades públicas y privadas que gestionan centros, programas y servicios de atención a personas con discapacidad.