Los técnicos atribuyen el recurso de víctimas policiales a la falta de diálogo
La jurista Manuela Carmena: “Os pediría hablar, esto no puede seguir así”
El recurso del Gobierno central contra la modificación por parte del actual Ejecutivo vasco del decreto de la administración anterior para reconocer a víctimas de abusos policiales ha movilizado a altos cargos y colectivos de afectados. Este lunes fue el turno de la comisión de verificación creada para analizar las solicitudes de reconocimiento, que tras dos años de silencio desde que fue constituida ha repasado su actividad en el Parlamento, con una cerrada defensa de su actuación y una clara muestra de preocupación ante el recurso judicial.
Los expertos han defendido el cambio del decreto principalmente porque fueron ellos quienes lo solicitaron y han reclamaron que les “dejen terminar su trabajo, que nos dejen resolver” los expedientes. El causante del recurso y del conflicto, que ha incentivado en las dos últimas semanas los pronunciamientos del Gobierno de Iñigo Urkullu y de los colectivos de víctimas afectadas, es la “controversia política”, han dicho, apuntando implícitamente al Ejecutivo central y al vasco.
El recurso puede acabar dificultando, han asegurado, el reconocimiento de nuevas víctimas, un trabajo que está siendo para ellas el “primer acto reparador”. Avanzar en el recurso supondrá una “victimización secundaria”. Son palabras del psicólogo Carlos Martín Beristain, y los juristas Manuela Carmena y Álvaro Gil Robles.
En la pasada legislatura se resolvieron 16 expedientes de víctimas y en la actual otros 47. Son 63 de 231, de los que 14 llegaron fuera de plazo y quedan fuera de las valoraciones y otros siete quedaron desestimados. Hay a la espera 168 casos. Gil Robles ha señalado que todas las resoluciones se han tomado por unanimidad y que las que no están claras se aplazan hasta tener más pruebas.
“Somos víctimas”, dijo una mujer que perdió la visión por un pelotazo a los 12 años
Manuela Carmena ha asegurado que las modificaciones del decreto que motivaron el recurso del Gobierno central son “nimiedades”. Ha reconocido que uno de ellos “se podría haber expresado mejor, bendita sea esa rectificación”, y ha afirmado que con la lectura del recurso sacan como conclusión que hay una “falta de dinamismo en el diálogo político”. Carmena ha venido a decir que la falta de relación entre ambos Gobiernos ha llevado a esta situación y ha añadido a los parlamentarios, en presencia de miembros de la Dirección de Víctimas del equipo de Urkullu: “Os pediría hablar, esto no puede seguir así”.
Carlos Martín Beristain ha resaltado que este cambio en el decreto se debió a que “necesitamos cierto margen de maniobra”. Y Álvaro Gil Robles ha añadido que se han encontrado con “dificultades” a la hora de recabar pruebas por el lapso que ha transcurrido desde los hechos a analizar. Gil Robles ha puesto en valor que, junto al análisis de documentación, se ha recibido el testimonio de numerosas personas, con 119 entrevistas en dos años entre las que “hay testimonios muy impresionantes cuando han estado 50 años en silencio”.
A la comparecencia parlamentaria de la comisión le han seguido declaraciones ante los medios de varias víctimas, que ya el viernes dejaron clara su crítica al recurso. Entre ellos, Ana de Benito, una mujer que perdió la visión con doce años por un pelotazo. Ha asegurado que el recurso se debe al “desconocimiento”, porque “no saben nuestros casos y no se dan cuenta de que somos personas que no pertenecemos a ningún grupo, sino que somos simplemente víctimas”. "Somos víctimas igual que las demás", repitió.
Este recurso se suma a la negativa del Gobierno central a actualizar las ayudas económicas a un grupo de víctimas del terrorismo —reconocidas no por este decreto, sino por las leyes de reconocimiento de las víctimas del terrorismo— del Batallón Vasco Español (BVE), los GAL o la Triple A. El argumento del Gobierno central es que las víctimas formaban parte de ETA o de su entorno, basando esta aseveración en informes policiales y no en sentencias, algo hondamente criticado por un grupo de juristas a los que el Gobierno vasco reclamó un informe sobre esta negativa. Este grupo ha recurrido ya a los tribunales la decisión.
