El Supremo declara “ajustado a derecho” el ERE del Ayuntamiento de Jerez

El Tribunal Supremo ha fallado que el ERE ejecutado en el Ayuntamiento de Jerez en 2012 fue legal. El pleno de la Sala de lo Social da la razón al Consistorio, declara el despido de 260 empleados municipales “ajustado a derecho” y revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tumbó el expediente ejecutado hace casi dos años por la “absoluta arbitrariedad” del gobierno de Jerez (PP) en la selección de los afectados.

Los magistrados del Supremo, reunidos este miércoles para revisar el recurso presentado por la administración jerezana y los sindicatos contra el fallo del alto tribunal andaluz, concluyen que los criterios utilizados para elaborar la lista de despedidos fueron “suficientes” y validan la causa económica al entender que en el Ayuntamiento jerezano se daba en el momento de los despidos una “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos”.

Poco más se desprende del escrito remitido por el Supremo, que redactará la sentencia en diez o 15 días.

Ni el propio gobierno municipal esperaba este fallo. Los más cercanos a la alcaldesa María José García Pelayo (PP) preveían que el Supremo declarara objetivo el despido de los mayores de 59 años e improcedente el resto, lo que hubiera supuesto un desembolso extra en indemnizaciones de algo más de cuatro millones de euros.

Para los empleados afectados, a punto de liquidar la prestación por desempleo transcurridos ya 21 meses desde la ejecución del ERE, el fallo resultaba muy difícil de encajar. La contundencia de la sentencia del TSJA les llevaba a descartar que el Supremo declarara legal el expediente del Consistorio.

Según resolvió el tribunal andaluz en marzo de 2013, el gobierno del PP elaboró la lista de empleados despedidos “sin pedir el currículo, sin valorar el tiempo de prestación del servicio, sin evaluar la formación académica específica para desempeñar el puesto de trabajo, sin tener en cuenta la competencia técnica ni la experiencia”. El propio gobierno reconoció en el juicio celebrado en Sevilla que confeccionó el listado de afectados sin hacer una baremación escrita y lo achacó “a la tensión y la presión mediática”.

Conocido el fallo del Supremo, se reactivan las demandas individuales. Tanto los afectados como los sindicatos siguen denunciando que hubo “una purga política y sindical”. “Hay despedidos que estaban en el puesto primero y segundo de la bolsa de trabajo y gente que ni siquiera estaba en la bolsa y que sigue trabajando en el Ayuntamiento”, espetó Alfonso Cárdenas, de la UGT.“De la lista de 32 candidatos a delegados de UGT en el Consistorio a las últimas elecciones, 25 entraron en el ERE”, añadió.

El gobierno municipal señaló que el ERE fue “una medida dolorosa que hubo que tomar ante la situación económica del Ayuntamiento, siendo absolutamente necesaria y no arbitraria”.