El Parlamento pedirá el indulto para las condenadas por una protesta

El Parlamento de Galicia tiene previsto aprobar en el pleno de la próxima semana una declaración institucional en la que pedirá, con el apoyo de todos los grupos, que el Gobierno indulte a las dos jóvenes pontevedresas condenadas a tres años de cárcel por los incidentes registrados en una protesta laboral en la que participaron en 2010. Fue el BNG el que planteó la iniciativa, el resto de grupos de la oposición la secundó y el PP admitió apoyarla si queda en su mano la redacción del texto a aprobar por el pleno del Cámara, en el que en todo caso se pedirá expresamente su indulto.

Ana Outerelo y Tamara Vidal participaron en 2010 en una protesta laboral en las piscinas públicas pontevedresas de Campolongo. Alguien, del grupo de medio centenar de trabajadores del que formaban parte, tiró pintura al agua y dio “empujones”. No se pudo identificar al autor material de los hechos, así que como ellas fueron las únicas que admitieron que formaban parte de la protesta, también fueron las únicas condenadas por esas “coacciones en grupo”.

Ana y Tamara cuentan ya con varias decenas de miles de firmas de apoyo y con el respaldo tanto del Ayuntamiento como de la Diputación de Pontevedra. Ahora, también el Parlamento de Galicia apoyará su petición, de forma unánime si nada se tuerce. El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, expresó ayer la disposición de su grupo de asumir la iniciativa planteada por el BNG, pero a cambio de que fuese tratada como una declaración institucional de toda la Cámara, no como una propuesta de un grupo. Aunque aún se deberá debatir la redacción exacta del texto de apoyo, fuentes populares indican que lo tratarán como la petición de indulto que el Parlamento realizó en febrero a favor de dos sindicalistas de Vigo también condenados a prisión por otra protesta laboral. Entonces el PP introdujo el matiz de reclamar el “indulto parcial” para evitar su ingreso en la cárcel pero dejando al margen otras posibles compensaciones por los hechos que motivaron la condena.

Por otra parte, Puy admitió también ayer que finalmente el Parlamento no podrá aprobar antes de las vacaciones de verano la reforma electoral con la que el PP pretende reducir el número de diputados de la Cámara. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se había comprometido a ello a finales del pasado año, cuando pidió a su grupo parlamentario que agilizase la tramitación con el argumento de que cuenta con el aval de las urnas tras llevar la propuesta en su último programa electoral. “El presidente manda pero los trámites son los que son”, dijo Puy, quien atribuyó el retraso a los obstáculos que, a su juicio, está poniendo la oposición, que considera que la reforma es un ataque a la representatividad del Parlamento.