El guardia civil al que denunció por acoso una diputada sigue en su puesto

Bande (Ourense) seguirá bajo el estricto foco del sargento José Manuel Grande. La Guardia Civil ha dejado caducar el expediente abierto contra él tras sonados enfrentamientos con la diputada del PP, vicepresidenta de la comisión de Interior del Congreso y exalcaldesa de ese municipio, Ana Belén Vázquez, que denunció sufrir “un grave acoso” al ser multada en numerosas ocasiones. “Sus contactos en el ministerio no han servido para demostrar que el agente haya cometido actos constitutivos de expediente disciplinario”, afirma la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que insiste en calificar lo sucedido como “una persecución política y abuso de poder” de la diputada y su exmarido, el alcalde, José Antonio Armada, también del PP.

La caducidad del expediente conlleva su permanencia como guardián del orden en Bande y aunque el pasado mes de abril la Dirección General de la Guardia Civil anunció su destitución, el sargento nunca abandonó el cuartelillo. La AUGC afirma que ha impedido la consumación de “la cacicada que pretendían los políticos que trataron de propiciar la destitución con todo tipo de presiones” y la diputada popular responde acusándoles de organizar “un montaje contra mí y contra el gobierno con el único fin de desprestigiar”. “Ni yo ni el ministro dijimos nunca que lo hubiesen cesado, así que ellos sabrán por qué se tienen que desdecir de lo que dijeron”, asevera. El alcalde ha evitado hacer valoraciones hasta recibir una comunicación oficial de la decisión.

Pero la AUGC mantiene viva su cruzada y ahora amplía sus críticas porque al sargento Grande le “hacen el vacío”. El pueblo celebró el pasado fin de semana la Festa do Peixe y según la asociación “no fue informado” de que “acudirían importantes personalidades públicas” lo que impidió establecer un dispositivo especial de seguridad. Desde la génesis del conflicto, los integrantes de esta asociación agitaron una férrea defensa del agente y una crítica feroz contra los políticos. No fueron los únicos. La Comandancia de la Guardia Civil de Ourense acusó a las autoridades locales de azuzar a los vecinos advirtiendo de “posibles altercados dirigidos por alguna institución”.

En Bande, no sólo los políticos claman contra la libreta de multas. Los 1.800 vecinos llevan un lustro revolucionados con la estricta lectura que el sargento hace de la legislación. Nada más llegar, en 2008, las sanciones pasaron de 90 a casi 1.000 al año por razones tan diversas como estacionamientos irregulares, venta ilegal de bebidas alcohólicas, ausencia de papel higiénico en los aseos o incluso maltrato animal tras dejar el caballo atado en la vía pública. A pesar de que el año pasado las sanciones cayeron hasta el medio millar, el malestar vecinal salpica cada rincón del pueblo y muestra de ello son las iniciativas sobre un supuesto exceso de celo que PP, PSOE y BNG han llevado al Congreso y al Senado en varias ocasiones.