Ayuntamientos bajo sospecha

Hace un año escaso los juzgados valencianos investigaban 141 causas en las que estaban implicados políticos en activo. Casos como Gürtel, Brugal, Nóos o Cooperación han puesto el foco sobre la política autonómica. Pero el clima de corrupción no acaba en el segundo escalón y hoy afecta a un buen número de Ayuntamientos. Alcaldes y ediles están implicados en presuntos casos de prevaricación, malversación de fondos públicos o tráfico de influencias.

Con el boom inmobiliario en pleno apogeo, los escándalos urbanísticos estaban a la orden del día. Fue una locura. Los PGOU se quedaban viejos por los constantes cambios de planeamiento y se dispararon los casos de transfuguismo en los Ayuntamientos al calor de los intereses del cemento. Ocurrió en El Campello, Dénia, Pilar de la Horadada o Nàquera. “El volumen de corrupción respecto a los años del boom ha caído. Hay menos corrupción porque hay menos actividad económica en general”, analiza Fernando Jiménez, evaluador del programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa y miembro de la Fundación Alternativas. “Ahora bien, España no ha hecho los deberes para que la historia no se repita. No hemos corregido los fallos para que sea más difícil volver a las andadas cuando remonte la actividad económica”, opina.

Las tres capitales valencianas encabezan la lista de encausados. En Valencia, el número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau, está imputado por el instructor del caso Nóos, José Castro. como presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau por los convenios con el instituto de Iñaki Urdangarín para la organización de los Valencia Summit, en los que se gastaron dos millones de euros. Grau está imputado por prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias. Castro aprecia "indicios fundados de criminalidad" en la rúbrica y gestión de los convenios con el yerno del Rey: “Se orilló el interés general y se prescindió de los cauces administrativos de contratación”.

En Castellón, el alcalde de la capital, Alfonso Bataller, se ha visto salpicado por Gürtel por sus anteriores responsabilidades en la Consejería de Sanidad. Adjudicó contratos a dedo a Orange Market cuando era subsecretario de Sanidad. En Alicante, su alcaldesa, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo Luis Díaz Alperi están encausados en el caso Brugal por el supuesto amaño del PGOU para beneficiar al promotor Enrique Ortiz. En octubre de 2010, el fiscal Anticorrupción atribuyó a Castedo los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

La comarca de la Vega Baja es otro punto caliente de la corrupción local. Orihuela es la cuna del caso Brugal, que investiga una trama político-empresarial ligada al negocio de la basura. No es una causa simple; el sumario tiene 50.000 folios, más de 40 imputados y 17 piezas separadas. La presidenta del PP de Orihuela y portavoz municipal, Pepa Ferrando, se ha convertido en la sexta concejal de su partido imputada en la capital de la Vega Baja por supuestas irregularidades en la gestión de los alquileres y montaje de las instalaciones en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y en la de la Comunidad Valenciana (FTCV) entre los años 2008 y 2011.

Si el negocio de las basuras es protagonista de muchas corruptelas al sur de la Comunidad Valenciana, la depuración de aguas está en el centro de un escándalo que salpica a Valencia y su área metroppolitana. El saqueo de Emarsa, sociedad pública encargada de la estación de Pinedo, ha dejado tras de sí un fraude de 23 millones de euros de fondos públicos. Varios de los cargos imputados convirtieron la planta depuradora de Pinedo en una agencia de colocación, sobre todo para recomendados del PP. Al entonces presidente de Emarsa, Enrique Crespo, el caso le costó su dimisión como alcalde de Manises.

Los casos son muchos y diversos, desde la concesión de créditos, a la gestión de una plaza de toros, o el uso privado de teléfonos oficiales. El exalcalde de Gandia, el socialista José Manuel Orengo, declaró este viernes por unos créditos que concedió el Consistorio que presidía. Lo denunció el ahora alcalde, Arturo Torró, del PP. Orengo habría ordenado operaciones crediticias sin el preceptivo visto bueno de la Consejería de Hacienda. Lorenzo Agustí (PP), alcalde de Paterna, también declaró a finales de 2013 como imputado por supuesta prevaricación en la adjudicación del proyecto de Auditorio. En Benicàssim, la alcaldesa Susana Marqués (PP), y ocho concejales responden por liquidar con fondos públicos una sociedad mixta en contra de los informes de los técnicos municipales.

En Alicante, los tribunales investigan la gestión del vicealcalde, Andrés Llorens, por el conocido como caso Magallanes por adjudicar la obra de una plaza meses después de que estuviera terminada. En Nules, el alcalde, Mario García (PP), y el concejal de Urbanismo están encausados tras la denuncia del grupo ecologista Gecen por permitir la edificación de viviendas en la marjal de Nules-Burriana, protegido desde 2002. La lista es larga.

La situación recuerda mucho a la que se produjo a mediados de los 90

A la luz de estos casos, Jiménez sostiene que siempre hay castigo a los comportamientos corruptos. “Ahora mismo somos tremendamente críticos con la corrupción porque estamos en un contexto de crisis económica”, señala. Este profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia subraya que la situación recuerda mucho a la de mediados de los 90, al final de la etapa de Felipe González. La corrupción ha superado el listón de 1994, cuando este problema inquietaba al 40% de los encuestados. Hoy en día se ha llegado incluso al 47%, dice la encuesta del CIS de febrero. Entonces la crisis económica duró poco y la corrupción desapareció pronto de la preocupación pública.

Hoy es diferente. La desafección política es mucho peor. “Creo que somos mucho más conscientes de que estos problemas de corrupción están incentivados porque los partidos se financian irregularmente y necesitan que las Administraciones Públicas no funcionen con transparencia”, advierte. “Se habla de hacer reformas institucionales”, añade, “pero las que se plantean no son las medidas que necesitamos. Si esto no cambia antes de que salgamos de la crisis, perderemos una oportunidad de oro. O las hacemos ahora o luego no habrá manera”.

Las fiscalías especiales y el refuerzo de las unidades policiales especializadas han ayudado mucho a que afloren los casos. “Lo que no ha cambiado tanto son los tribunales. Las imputaciones han servido para llamar la atención pero el 80% de los casos quedarán en nada. La limpia se tiene que hacer desde el plano político y social. Dejarlo solo en manos del derecho penal no funciona porque no tiene fuerza suficiente para perseguir una práctica tan extendida”, concluye Jiménez.