Barrachina debe tres años de IBI de las instalaciones de la Piscina Valencia
Barberá sabía que el empresario tiene deudas con Hacienda y a la Seguridad Social
Hosva, la sociedad que explota la piscina municipal de Valencia, propiedad del restaurador Jesús Barrachina e hijos, no ha pagado al Ayuntamiento de Valencia el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de parte de 2011 y los ejercicios completos de 2012 y 2013. En total, alrededor de 150.000 euros si se suman los intereses y recargos, según datos de principios de 2014.
No es la única deuda del grupo de restauración con la ciudad. Hosva, la mercantil que gestiona desde hace décadas la instalación deportiva municipal, el salón de banquetes Alameda Palace y el restaurante Les Graelles, tiene pendiente el pago del canon local de los años 2010, 2011 y 2012, así como algunos meses de 2009, factura que asciende a 366.000 euros, según ha cuantificado el propio Ayuntamiento.
El Consistorio, que preside la popular Rita Barberá, ha recibido además requerimientos de embargo de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social por los impagos de las tres mercantiles —Hosva, Barrarnal y Alameda Palace—, por lo que está al corriente del incumplimiento de las obligaciones del grupo de restauración.
La ley de contratos del sector público obliga a estar al día en los pagos con las Administraciones Públicas antes de contratar con la empresa. Incluso estos impagos son motivo para cancelar una concesión, según el artículo 60 de la citada ley. “No podrán contratar con el sector público las personas (…) no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. De hecho, ése ha sido el argumento, esgrimido por el mismo Gobierno local de Valencia para iniciar el proceso de cancelación de la concesión del Teatro El Musical al empresario y ventrílocuo José Luis Moreno.
Los requerimientos no han impedido, sin embargo, que el Ayuntamiento de la capital contratase servicios de catering por unos 687.000 euros con las empresas de la familia Barrachina entre 2009 y 2014, cuando se conocían los impagos del canon y de cuotas tributarias y a la Seguridad Social. El Gobierno local pagó en 2011 a la empresa del grupo Barrarnal 52.000 euros por una cena organizada con motivo de la cremà, de 800 menús, a precios que oscilaban entre los 85 a los 62 euros.
Consol Castillo cree que la alcaldesa ha utilizado una doble vara de medir
El Partido Popular valenciano también ha sido un cliente de las mercantiles de Barrachina, que se ha encargado de varias noches electorales por encargo del partido. Según la contabilidad del PP a la que ha tenido acceso este diario, los populares han facturado a Barrachina unos 108.000 euros por los servicios contratados entre 2002 y 2009.
El Consistorio, según recordó hace unos días Barberá, inició a principios de año las gestiones para rescindir el contrato de concesión por 25 años a Hosva por incumplimiento de las obligaciones por parte de Barrachina. La regidora anunció hace una semana que el Gobierno local ha solicitado informes al Consell Jurídic Consultiu —es preceptivo— sobre la posible cancelación y deslizó la posibilidad de separar en concesiones diferentes la explotación del servicio deportivo del de hostelería. El Ayuntamiento garantiza la continuidad del servicio en todas las instalaciones de la concesión en tanto se resuelva el proceso.
Compromís, a través de su concejal Consol Castillo, ha denunciado los impagos de Barrachina con el Consistorio. La edil acusa a Barberá de utilizar una doble vara de medir para “sus amigos” y el resto de ciudadanos. “No puede ser que la alcaldesa proteja a un empresario que no cumple con sus obligaciones desde hace más de cuatro años y que además le haya dado contratos municipales sin cumplir con la legislación”, añade.
El efecto de la crisis
Un representante de Hosva justificó ante el Ayuntamiento de Valencia los impagos por la “extraordinaria situación socioeconómica” y “la grave crisis económica” de esos años, “lo que provocó una abrupta y pronunciada caída del consumo”, afirmaba. Los Barrachina aportaron varios informes de la situación económica española. Los servicios municipales contestaron a esta alegación que el impacto de la crisis en la prestación del servicio “debió ponerse de manifiesto antes”, ya que los Barrachina gestionan la piscina municipal y sus anexos desde 1997. Antes, habían solicitado al Consistorio, la compensación de unos créditos responsabilidad del Ayuntamiento, que no sirvió para igualar las cuentas del debe y el haber. La sociedad alegó incluso “un supuesto desequilibrio económico del contrato” y la competencia que le habían supuesto los nuevos polideportivos municipales de Abastos, Petxina y del Balneario de Alameda. El Ayuntamiento desestimó todas las alegaciones de Hosva, por no haberlas presentado en tiempo y forma o carecer de justificación.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
