El chasco de la transparencia

Todos los gobiernos del PP valenciano se han caracterizado hasta ahora por la arrogancia y la opacidad. Quizá puedan anotarse algunas bondades, pero ninguna con brillo suficiente para paliar estos estigmas, propios de un poder despótico, iletrado —que no ilustrado— y a menudo chulesco, como revelan las decenas de sentencias de los más altos tribunales condenando al Consell o a las Cortes a responder las peticiones informativas de la oposición. Tanto Compromís como EU o PSPV han tropezado reiteradamente bien con el silencio, bien con las alegadas cláusulas de confidencialidad que arbitrariamente blindaban las relaciones de la Administración con terceros sin otro objeto que disfrazar el despilfarro o la prevaricación, como se ha constatado las más de las veces.

Consciente del escándalo y de las consecuencias que le acechan, el presidente Alberto Fabra ha querido —o tal creímos— ponerle techo de cristal a la acción de gobierno como así lo prometió en 2013. Ingente tarea y plausible empeño sobre el que no valoró los riesgos, o eso sospechamos. Lo cierto es que aquel propósito se tradujo en la solemne presentación de un Portal de la Transparencia que tuvo lugar, como es sabido, el pasado lunes ante un público selecto al que le manifestó que “no hay nada que esconder”, que “hay que rendir cuentas y ganarse la confianza de los ciudadanos”, que estos van a tener expeditas las vías de comunicación con la Administración, redondeando el discurso con la promesa de una ley autonómica de transparencia para el próximo año.

Pues el próximo año será, ya que por el momento la mencionada transparencia es lo más parecido a un chasco y, en la más bonancible de las interpretaciones, una mera declaración de buenos propósitos imposibles. Los grandes enredos y maldades no son accesibles, pero tampoco los conciertos sanitarios o educativos. Por ahora únicamente lo son los contratos desde julio de 2013 y las subvenciones desde 2014, así como apartados tan ilustrativos como el consumo de agua, el gasto en uniformes del personal subalterno, dispendios en flores o jardinería de interior y otras chorradas de esta guisa. La dichosa cláusula de confidencialidad sigue vigente y el PP veta como suele en las Cortes la creación de comisiones de investigación sobre la corrupción. Cinismo, chapuza, vergüenza es el glosario que le dedica la oposición, que solo podrá abrir el melón de la transparencia si un día gobierna la Generalitat.

Y en el marco de este secretismo trasnochado se ha producido el pleno de las Cortes a puerta cerrada para proceder mediante el rodillo popular a la suspensión temporal durante un mes de la condición de diputada a Mónica Oltra. Una decisión con visos de ilegalidad que será recurrida ante el Constitucional, al decir de la citada portavoz adjunta de Compromís. Pero nuestro comentario no incide en este episodio disparatado que es dicha sanción, sino que se resume en una pregunta. ¿Por qué la izquierda sigue haciéndole el juego parlamentario a este partido corrupto y apenas democrático? Déjesele solo, con sus supercherías. Enric Morera, portavoz de la referida coalición, ha denunciado la vulneración sistemática de los derechos de los diputados y dio por rota la actual legislatura. “No cuenten con nosotros para nada”, sentenció. Pues eso, para nada. Ya nos las veremos en las próximas elecciones autonómicas y municipales que tan mal pintan para esta derecha desacreditada.