CC OO lleva a la fiscalía al Consell y a la cúpula de RTVV por 10 delitos

El cierre de Canal 9 y Ràdio 9 no ha acabado con la historia judicial de RTVV. Al contrario, los frentes abiertos en los tribunales por la gestión de una empresa pública que acumuló 1.300 millones de euros en pérdidas y un rosario de escándalos y corruptelas no cesan. Ayer, CO OO anunció que ha presentado una denuncia a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por la posible comisión de hasta 10 delitos durante la gestión de RTVV desde 2000.

Malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, prevaricación, tráfico de influencias, defraudación, falsedad contable y delitos contra los derechos de los trabajadores son algunas de las imputaciones que el sindicato expone. En el escrito de denuncia de 53 páginas, presentado el pasado lunes, se han adjuntado “centenares de documentos probatorios”, la mayor parte procedente de los informes de la Sindicatura de Comptes.

Y señala como responsables de los presuntos delitos a todos los miembros del Consell (aforados, por lo que la denuncia se ha presentado en el TSJ) desde ese año; a los cuatro directores generales que tuvo RTVV desde entonces (José Vicente Villaescusa, Pedro García, José López Jaraba y Alejandro Reig), a excepción de la última, Rosa Vidal; y a los tres integrantes del Consejo de Liquidación de la sociedad pública (Antonio Hervás, Carlos Cervantes y Pau Pérez).

“No estamos guiados por ninguna calentura contra ningún Gobierno de ningún color”, sino por “la coherencia, la responsabilidad y el compromiso”, afirmó este viernes el secretario general de CC OO en el País Valenciano, Paco Molina.

La denuncia parte del año 2000, porque el sindicato lo considera un punto de inflexión. El Consell cambió el modelo de financiación y dejó de asumir el déficit anual con aportaciones directas para convertirse en avalista de los créditos de la empresa, con el fin de que “no apareciera en los presupuestos”, explicó la abogada del gabinete jurídico estatal de CC OO Rosa González. Esta práctica incumplía la ley de sociedades de capital, según la letrada.

Además, a partir de aquel año, comenzaron las reiteradas advertencias en los informes de la Sindicatura de Comptes sobre las irregularidades financieras y contables en RTVV, haciendo caso omiso de las mismas tanto la cúpula de la empresa como el Consell. Este comportamiento marca el paso de “la mala gestión” a “la gestión delictiva”, según González. Se ha acusado a todo el Consell, pero deberá ser el tribunal, si admite la denuncia, el que deberá determinar cuáles eran los miembros del Gobierno competentes en la materia.

Las acusaciones toman forma de denuncia y no de querella porque se basan en “prueba indiciaria sujeta a investigación”, apostilló. Entre las pruebas aportadas, CC OO incluye indicios de contrataciones públicas irregulares, con “cambalaches”, “pintorescas condonaciones de deuda contraída por contratos externos” y “contratos no sometidos a la legal concurrencia competitiva o suficiencia de crédito”. Se refería González a la conocida compra de tres documentales de sesgo ultraconservador a la productora Triskel por un precio muy superior a su coste o el de un programa de dos millones de euros que no llegó a emitirse.

También a la irregular condonación de deuda por publicidad a las dos adjudicatarias del uso del múltiplex autonómico de la Generalitat, Las Provincias TV y Popular TV. González recordó que el propio Jaraba reconoció que estas operaciones se hicieron “con la aprobación y conocimiento del Consell” en el juicio del ERE de RTVV en el TSJ —ella fue la representante legal de CC OO entonces.

Delitos contables

Además, el sindicato considera que se incurrieron en delitos contables en la liquidación del ente público y la reestructuración que supuso la creación de RTVV SAU; y en delitos contra los trabajadores de la empresa, y de coacciones y fuerza.

La denuncia de CC OO comparte algunos argumentos y pruebas con la que presentó Compromís en un juzgado de Paterna y que fue admitida a trámite por malversación, fraude y apropiación indebida, si bien esta contemplaba los tres últimos años de gestión de RTVV. En este caso, la juez ha citado como imputados a Lola Johnson, al también exdirector de Canal 9 Luis Redondo y a los exdirectores de Ràdio 9 Lluís Motes y Nuria Romeral, además de Jaraba. Como consecuencia de esta imputación, Johnson dimitió de su cargo de secretaria autonómica de Comunicación.