La Audiencia ratifica el procesamiento del delegado de la Xunta en Ourense

El delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, no logra esquivar el banquillo, acusado de desviar fondos europeos durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de la asociación Ceivam. La Audiencia Provincial acaba de desestimar el último de los continuos recursos presentados por el hombre de confianza de Feijóo en Ourense y con los que ha ido aplazando su juicio. El auto supone la apertura de juicio oral contra el representante de la Xunta en la provincia.

 Martínez había recurrido el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Ribadavia alegando indefensión al considerar que los hechos no estaban calificados correctamente y además habían prescrito. Los magistrados de la Audiencia puntualizan que ni siquiera se señala en el recurso “cuál es la indefensión concreta que se dice irrogada y cómo se habría visto eventualmente resentido el ejercicio de derecho de defensa”.

La instrucción, por la que han pasado tres jueces y varios sustitutos, se inició en 2006, a raíz de la denuncia del BNG en Arnoia y, frente a todos los intentos tanto del delegado como de la Fiscalía —alegó prescripción de los supuestos delitos— por frenarlo, la Audiencia ordenó siempre que continuase el proceso. Martínez será finalmente juzgado para determinar si cometió delito al certificar y cobrar ayudas por obras, correspondientes a proyectos gestionados entre 1999 y 2001, que no llegaron a ejecutarse y que fueron subvencionadas con fondos comunitarios que Bruselas ya reclamó en su día al exalcalde. En abril de 2009, la Audiencia Nacional dictó una sentencia firme condenando a la asociación Ceivam, que presidía Martínez a devolver 39.065,79 euros certificados como inversión en una planta de biomasa por la ejecución de trabajos que “no constan realizados”.

El delegado ourensano ha contado hasta el momento con el respaldo de la cúpula del PP gallego. Al poco de trascender la sentencia de la Audiencia Nacional, el vicepresidente de la Xunta —entonces conselleiro de Presidencia— y número dos del PP gallego le restó importancia: rebajó el auto judicial a la categoría de “fallo administrativo” y remarcó que los hechos —certificar obras sin ejecutarlas— por los que acababa de ser condenado Martínez se producen con “bastante frecuencia”. Según precisó entonces, “entre un 3% y un 5% de las subvenciones” se cobran de ese modo.

Feijóo ha respaldado también a su representante en Ourense, aun cuando este está inmerso ahora en dos causas relacionadas con supuesta malversación de fondos europeos. Martínez comparte con José Luis Baltar la responsabilidad —según la denuncia registrada por PSdeG y BNG basándose en un dictamen de Bruselas— del supuesto fraude en la gestión de 13 millones de euros, de los que 10,1 fueron aportados por la Unión Europea, para la instalación de 104 depuradoras en la provincia. Bruselas ya ha reclamado la devolución del dinero. El presidente de la Xunta no consideró oportuno aceptar el cese de Martínez, quien, a comienzos de 2013, cuando el juez instructor rechazó archivar la causa por la que ahora está procesado, puso su cargo a disposición.