El PP dice que hacer visible la pobreza genera discriminación

Los ayuntamientos gallegos que así lo deseen podrán conveniar con la Xunta la apertura de los comedores escolares también en verano para “evitar que ningún niño o niña carezca de alimentación o sustento necesario por estar en situación de vulnerabilidad”. Así lo aprobó ayer por unanimidad el Parlamento de Galicia al lograr AGE que el PP apoyase, tras enmendarla, su iniciativa pese a reticencias iniciales. El diputado popular Román Rodríguez se mostró en principio en desacuerdo alegando que abrir los comedores en verano podría “generar excesiva visibilidad” y “discriminación” de esas familias con problemas.

 Aunque limitó a “problemas puntuales” la pobreza infantil, Rodríguez admitió que es una situación “sin precedentes” y apostó inicialmente por “utilizar otros mecanismos de gestión de este servicio que no generen efectos de excesiva visibilidad para los alumnos y que posibiliten que las familias puedan tener alimentos en sus casas”, informa Europa Press.

El diputado de AGE Ramón Vázquez admitió que “abrir los comedores en verano no va a solucionar el problema de la pobreza infantil, pero va a garantizar al menos un plato de comida digna cada día”. Sobre las reticencias populares Vázquez criticó que “lo que quieren las familias afectadas” es precisamente “que se visibilice el problema” y que se le “dé solución”. Tras modificarse la redacción de la iniciativa de AGE para que la apertura de comedores sea una posibilidad más de las distintas que puedan emplear los servicios sociales, el PP acabó apoyándola. La petición unánime del Parlamento a la Xunta se produce después de que la Defensora del Pueblo ya hubiese recomendado a todas las comunidades que abran sus comedores también en verano para paliar los problemas de desnutrición infantil que ha detectado.

Por otra parte, el Parlamento aprobó ayer otra iniciativa impulsada por el BNG y enmendada por el PP que insta al Gobierno gallego a agilizar la tramitación de la Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga). Las peticiones de esta ayuda para familias sin recursos se han disparado desde el inicio de la crisis y han colapsado los servicios administrativos municipales y autonómicos que las tramitan. Para evitar los retrasos, ahora el silencio administrativo superado el plazo legal será positivo para el solicitante.