La fiscalía añade un presunto delito de prevaricación de la exalcaldesa de Jerez

El juicio contra la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez por el caso de supuesto desvío de fondos del Plan E para pagar nóminas municipales se ha complicado más de lo que se podía prever. Tras la declaración de todos los testigos, el fiscal Manuel Luis Arjona ha decidido endurecer su escrito de calificación contra la exregidora socialista y, al delito de fraude de subvenciones por el que el ministerio público ya solicitaba tres años de prisión y tres de inhabilitación, ha añadido un delito de prevaricación continuada en concurso medial para el que Arjona pide nueve años de inhabilitación.

El fiscal también mantiene para Sánchez la multa de 8,6 millones de euros, que es el resultado de sumar los 6,4 millones del desfase de tesorería provocado en el Consistorio por la retirada de fondos estatales para el abono de salarios más el tercio legal. Con la variación de última hora, el fiscal pide para Sánchez tres años de cárcel y 12 de inhabilitación especial para cargo electo.

La inclusión de un nuevo delito en la acusación obligó a suspender el juicio. La defensa alegó “indefensión” y la magistrada accedió a aplazar la vista hasta el 17 de junio, cuando las partes expondrán las conclusiones y el caso quedará visto para sentencia.

La ampliación del escrito de calificación del fiscal ha contrariado bastante a Pilar Sánchez. La socialista ha sobrellevado el juicio con aparente tranquilidad, pero la inclusión del delito de prevaricación continuada ha terminado por desencajar la cara de la exalcaldesa, que ya tiene su casa y parte de la nómina como alto cargo en la Consejería de Educación embargadas para afrontar una fianza impuesta por la juez de más de 11 millones de euros.

“No me he llevado dinero, ni tengo cuentas en Suiza. Lo utilicé para pagar servicios públicos y las nóminas de 3.000 trabajadores”, ha espetado a las puertas de la sala la exedil mientras su abogado apuntaba en el interior las modificaciones de la acusación.

En los tres primeros días de juicio, el interventor y el tesorero municipal afirmaron que Sánchez retiró fondos de las cuentas restringidas del Plan E de manera puntual y con la intención de reponerlo, como fue haciendo hasta la celebración de elecciones y la entrada del nuevo y actual gobierno local. Ambos técnicos señalaron que advirtieron a la alcaldesa de que no podía utilizar ese dinero para pagar nóminas, aunque admitieron que nunca le avisaron de que podía incurrir en un delito porque, según reseñaron, lo desconocían.