Confundir sobre la elección de centro

En estos últimos días los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia filtrada cuidadosamente, relacionada con el hecho de que en la Comunidad Valenciana los centros educativos han tenido desigual número de solicitudes de plaza para el curso próximo. Y, como si creyésemos en la voluntad independiente del “genio informático”, las bases de datos de la Administración nos han brindado un listado de centros, ordenados según el número de solicitudes de plaza que ha recibido cada uno. Es decir, nos muestran la demanda que tiene cada centro.

No veo la utilidad de ese listado, y del esfuerzo de transparencia que supone, salvo que se quiera mostrar qué centros son los más demandados y, de paso, que aparezcan los menos deseados, con el riesgo de que, por similitudes del lenguaje, se les reconozca como los no deseables. Es decir, con la publicación de esos datos nos ofrecen una clasificación que da información sobre “adónde va más gente” y, a partir de ahí, concluir que “por algo será”.

Se da la circunstancia de que entre los veinte primeros centros en la clasificación del listado —entre los más solicitados, sólo cuatro son públicos—. A partir de aquí hay que empezar a tener cuidado, no sea que un dato estadístico como ese se utilice con fines interesados y que el ciudadano normal asuma que la demanda expresa calidad, porque lo que es más apetecido es lo verdaderamente apetecible. No hace falta ser muy avispado para extraer las consecuencias. La imagen de excelencia atrae. Pero yo pediría otros datos. Resultaría interesante saber de dónde proceden los peticionarios, si vienen del sector público o no, conocer también cuantos han tenido que abandonar la enseñanza privada y tienen que ampararse ahora en los centros públicos debido a la crisis. Querríamos saber quiénes son los que se benefician del distrito único y cómo esa movilidad afecta a los centros públicos o si es una medida para elitizar más a los privados.

Pero, lo que más nos inquieta de cara al futuro inmediato es el uso que se haga de la información, cuando estén en pleno auge las pruebas externas y se puedan difundir datos estadísticos de manera interesada. Lo podemos notar ya, cuando se insinúa, aunque sea de forma subliminal que la enseñanza pública tiene menos demanda y, por consiguiente, es de peor calidad; algo que no se ha podido comprobar nunca científicamente y que queda muy claramente dicho en el manoseado informe PISA.

Haríamos un uso torpe de la estadística si cuando vamos al cine dedujéramos que la calidad de las películas se mide por la longitud de la cola en las taquillas a una hora determinada. Podríamos contraponer otras situaciones para compensar. Se podría argumentar el que en los centros públicos no se reciben tantas peticiones porque los públicos son “igualmente diversos” y deben buscar la excelencia de todos. Además, las familias están hasta tal punto satisfechas, que no sienten la necesidad de cambiar de centro. Tampoco les sería posible hacerlo, pues una parte importante de centros públicos están prestando su servicio en medianas y pequeñas poblaciones y no compiten con nadie.

El injusto manejo de los indicadores y el no decir toda la verdad sobre éstos puede tener graves consecuencias para el sistema público, en los niveles no superiores del sistema educativo. ¿Se imaginan ustedes qué ocurriría si la Administración responsable de la sanidad estableciese la norma de que cada centro hospitalario debiera hacer públicos los datos sobre su eficacia en términos de porcentaje de pacientes que se curan y de los que mueren? ¿Se imaginan qué dinámica desataría tal medida entre los médicos, en los enfermos y en la sociedad en general?

Ya sé que argumentar así es esperpéntico y que la educación es algo más serio y sutil. Pues bien, hagámosla así y no la convirtamos en una mercancía.

José Gimeno Sacristán es catedrático de la Universidad de Valencia.