“La única Justicia es que el sistema informático se cae igual para todos”

Asomarse a la realidad de la Justicia madrileña es como mirar por la mirilla de un caleidoscopio de escenas y situaciones insólitas, a veces grotescas. Lejos de la imagen mil veces versionada de la diosa Temis sosteniendo la balanza con una venda en los ojos, abundan otras mucho más terrenales e indignas. Como, por ejemplo, la del secretario judicial Fernando Benítez sacándose del bolsillo y enseñando sin pudor los blíster de Tranquimacín y Orfidal que le permiten mantener la calma ante el retraso de los aproximadamente mil asuntos que tiene pendientes: “Hace cuatro o cinco años solíamos tener sólo 80, una tardanza de un mes y medio”. Benítez —camisa perfectamente planchada, corbata y una toga gastada por el uso— trabaja en el Juzgado de lo Social número 34 de Madrid desde 1997 y tiene la pinta de un hombre ordenado y diligente. Sin embargo, en su despacho los expedientes se acumulan en torres de carpetas y las sentencias andan esparcidas en archivadores de cartón por el suelo “porque no me traen las estanterías que he pedido y porque —aunque hay que encuadernarlas por ley— el encuadernador de la Comunidad de Madrid ha dejado de hacer su trabajo porque dice que no le pagan”. Benítez también parece atascado en este juzgado, uno de los 41 que hay en un edificio de diez plantas —la cuarta era hasta hace poco una agencia de viajes—, con techos bajos y espacios panelados con planchas de formica y contrachapado. Está ubicado en el número 3 de la calle Princesa. Sólo la sala de Benítez, una de las que lleva menos retraso, resolvió el año pasado 1.667 asuntos, frente a los “entre 600 y 850” que asegura se considerarían razonables: “¿Sabes el agobio que te entra cuando sabes que si tu no tramitas un expediente esa señora se quedará sin cobrar su sueldo o su pensión durante meses?”.

Hace cuatro años teníamos un retraso de 80 asuntos, ahora son mil

La maquinaria judicial madrileña está formada por 696 jueces —308 ejercen en la capital y el próximo 10 de junio elegirán a su decano o representante—, 607 secretarios judiciales en la región —157 en Madrid—, unos 300 fiscales, 7.000 personas de administración. Y asume una entrada aproximada de 8,5 millones de asuntos al año (8.636.016 en 2013). El engranaje jurídico se encarna en la capital en 308 juzgados desperdigados por el centro en 18 inmuebles, normalmente, edificios de oficinas: Plaza Castilla (penal), Princesa (social), Gran Vía (Mercantil)... Los Juzgados de lo Social son precisamente los que más incremento de carga han sufrido con motivo de la crisis, los despidos, los expedientes de regulación de empleo o los cambios de las condiciones de trabajo.

No hacemos libros de sentencias como dice la ley porque no pagan al encuadernador

Volviendo a la realidad que hay detrás de esas cifras, caldeadas por los recortes y por la contestada reforma de la Ley del Poder Judicial promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, una imagen se repite en habitaciones y pasillos de esos juzgados: hileras de cajas de cartón en el suelo, de las que salen cientos de carpetas rojas. “Son demandas por alguno de los miles de despidos, por una pensión de viudedad, de invalidez…”, aclara Antonio Seoane, el magistrado titular del 34. Esperan entre seis y ocho meses —en algunos casos hasta dos años— a que les llegue su turno. Están perfectamente alineadas a espaldas de las sillas de tres de las funcionarias de ese juzgado, que se separa del número 35 y del 36 por estanterías repletas de papeles a modo de biombos. Todos en la misma estancia y en las mismas condiciones de asfixia.

“Aquí la única justicia que hay es que cada vez que se cae el sistema informático —ocurre todos los días— lo hace de forma igualitaria e idéntica para todos”, bromea Benítez. “Bueno, eso también es aplicable en caso de incendio: moriríamos todos por igual porque el otro día tardamos 25 minutos en conseguir salir del edificio”, apostilla el magistrado.

La Ciudad de la Justicia ya pasó, es un proyecto caduco, dice el consejero

El 24 y el 29 de abril pasados hubo que desalojar el edificio por un incendio en el ático y una alarma, respectivamente. Un abogado que estaba en el momento de la evacuación lo ratifica: “Si llega a ser más gordo palmamos todos en la escalera”. El inmueble fue alquilado por la Comunidad de Madrid a la empresa Sacyr —la que estuvo a punto de perder las obras de ampliación del canal de Panamá— desde que el Gobierno de Esperanza Aguirre utilizase los 27,3 millones de euros en los que se valoró el edificio de la antigua sede en la calle Hernani 59 para ampliar el capital de la ya olvidada Sociedad Campus de la Justicia. El objetivo final era unificar los juzgados y acometer la fallida Ciudad de la Justicia, otra realidad, abandonada con sus viales y todo hechos allá en Las Tablas, en la salida de la A-1: “Un proyecto que ya pasó, caduco, porque estaba pensado para otro escenario económico y presupuestario”, en palabras del Consejero de Justicia, Salvador Victoria.

— Consejero, ¿ha estado en los Juzgados de lo Social?

— Suelo ir a los juzgados sin avisar

— ¿Pero ha estado en esos?

— Soy consciente de las condiciones de trabajo y de documentación, estoy a la espera de un informe de la subdirección general de infraestructuras y de un estudio.

— Pero ese edificio llega a acoger hasta a 4.000 personas al día, entre personal, abogados, seguridad y público. ¿Es seguro?

— La titularidad de los edificios la lleva Hacienda. Es susceptible de mejoras, pero unas dependen del arrendatario y otras del propietario.

— Pero los medios materiales y de personal dependen de la Comunidad y hay expedientes y sentencias por los suelos, ¿por qué faltan estanterías, por ejemplo?

— Porque a veces no hay ni siquiera espacio para ubicarlas. Tenemos que sustituir el papel y digitalizar muchos procesos. Estamos en ello. Acabamos de crear el Portal de la Justicia para evitar que la gente tenga que ir al juzgado. En todo caso, el principal problema es que las competencias están repartidas.

En caso de incencio moriremos todos, porque tardamos 25 minutos en salir

En ese preciso momento, cuando salen a relucir las competencias, es cuando el caleidoscopio se vuelve maraña (de incompetencias). La siguiente escena, vivida esta semana en ese mismo juzgado de lo social, es la metáfora de la gran paradoja.

En esa situación de colapso, llega al juzgado 34 de lo Social una joven magistrada de refuerzo, una de los 160 jueces recién salidos de la Escuela enviada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El juez Seoane la recibe con agrado. Pero su Secretario, Benítez —que depende, como el resto de secretarios, de Ministerio de Justicia— y las funcionarias —que dependen, a su vez, de la Comunidad de Madrid— la miran con horror porque: “Si no alcanzamos a sacar el trabajo para un juez, ¿cómo vamos a hacerlo para dos?”. La joven magistrada se va por donde ha venido. “El Consejo nos manda jueces pero la Comunidad no nos manda el peronal, quizá tengamos que renunciar al refuerzo”, comenta Seoane resignado. Tres administraciones descoordinadas y la justicia literalmente por suelos.

— ¿Mandarán personal consejero?

— A mí nadie me ha preguntado. Alguien ha mandado un juez sin contar con la Comunidad.

— ¿Y ahora qué?

— Pues tendrán que esperar hasta que podamos proveer al juzgado del personal necesario.

El presupuesto de la Comunidad de Madrid para Justicia es de 400 millones al año, apunta Victoria, que ya planteó abiertamente la devolución de esas competencias al Estado y que reconoce que es “siempre insuficiente, con el resultado de una justicia lenta”. Aproximadamente 30 de esos 400 millones se emplean en pagar los alquileres de los edificios que albergan sedes judiciales y más del 60% se va en personal.

No es un tema que preocupe a los gobiernos, afirma un juez

“La Justicia está en estado de abandono, peor aún, sin perspectivas de mejora”, es la conclusión final de las Jornadas sobre la Justicia en Madrid, promovidas por Jueces para la Democracia y celebradas los pasados jueves y viernes. El representante de la Comunidad no acudió. “No es un tema que preocupe y por eso se quieren quitar de encima las competencias”, dice Javier Martínez-Lázaro, uno de los promotores.

En opinión del Consejero, la mejora de las condiciones de la Justicia madrileña pasa por “la creación de las oficinas judiciales”, desde las que se repartirían los asuntos a todos los juzgados y se evitarían duplicidades y “la incorporación de nuevas tecnologías”.

La mejora pasa por incorporar las nuevas tecnologías, dice el consejero

Frente a esas medidas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, realiza su diagnóstico en forma de retahíla: “Defectuosa concurrencia de atribuciones, obsoleta organización territorial, insuficiente especialización de los órganos judiciales, carencias tecnológicas, deficiente gestión del personal, dispersión de sedes...”

Entretanto, y tras el infarto sufrido hace un año por un magistrado del juzgado 25 de lo Social con resultado de muerte, han incorporado desfibriladores al edificio y una doctora pasa consulta en la primera planta. Eso sí, no tiene ordenador y no ha cobrado desde que ocupó su puesto hace dos meses y medio.

¿Últimos candidatos a Decano?

P.O.D.

Con la Justicia por los suelos se celebrarán el próximo 10 de junio las que podrían ser las últimas elecciones a decano, el representante de los 308 jueces de Madrid. Se trata de un cargo electo —mientras no entre en vigor la reforma de Gallardón que plantea convertirlo en “nombramiento”—, un puesto clave en la medida en que su labor fundamental es trasladar a los políticos la situación de esta administración en la región y facilitar el trabajo de sus colegas.

Hasta el miércoles pasado solo había un candidato de la Asociación de Jueces Francisco de Victoria, apoyado, a su vez, por Jueces para la Democracia y por el Foro Judicial Independiente. Se trata del titular del juzgado de Instrucción número 20 de Plaza Castilla, Antonio Viejo, de 54 años. Lleva 16 años ejerciendo desde uno de los 103 juzgados que alberga ese edificio del año 1978, que pronto servirá para otras actividades lucrativas privadas, según los planes urbanísticos anunciados recientemente por el Ayuntamiento de Madrid y de los que se enteró “por la prensa” el consejero Salvador Victoria: “De momento seguirán allí, no hay nada desarrollado a ese respecto”, aseguró. Viejo, como la rival que le salió el viernes de la Asociación Profesional de la Magistratura, la también juez de instrucción de 50 años Conchita Jerez —juzgado 26 de Plaza Castilla—, conoce bien otra realidad madrileña: la de los detenidos y los denunciantes de hurtos, robos, asesinatos, secuestros… Y, al igual que en los juzgados de los Social, se le acumulan los expedientes que, en su caso, ocupan hasta los bancos de la sala de vistas. “Lo habitual es que nos entren entre 6.000 y 9.000 asuntos por juzgado al año”, dice Viejo.

No es raro ver una cola que da media vuelta al edificio porque la gente se atasca en el control de entrada. “Eso supone muchas veces que la gente no llegue a su juicio tras casi media hora de espera para entrar”, cuenta Viejo. “Ningún político gana votos por invertir en Justicia y se la maltrata impunemente, somos molestos”, añade. Jerez, del flanco de jueces más conservador —y mayoritario en Madrid—, se muestra más optimista: “El diálogo con las instituciones es más efectivo que la exigencia para lograr que se cubran las bajas, optimizar los recursos...”.