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La corrupción revienta Santiago

El gobierno local de la capital de Galicia, en manos del PP, ha volado por los aires involucrado en una sucesión de causas judiciales presididas por el ‘caso Pokémon’

El alcalde imputado de Santiago, Ángel Currás, sale del Ayuntamiento.
El alcalde imputado de Santiago, Ángel Currás, sale del Ayuntamiento.

El gobierno de la capital de Galicia ha fallecido. El cadáver empezó a desprenderse de su carne política muerta en primavera de 2012, menos de un año después de que el PP conquistase la anhelada alcaldía, en manos del PSOE desde 1983 (salvo el paso de AP como una exhalación tras una moción de censura). La dimisión del alcalde Gerardo Conde Roa, entonces acusado y luego condenado por defraudar a Hacienda 291.000 euros de IVA por una urbanización de 61 viviendas cuando se metió en el negocio inmobiliario, fue la primera señal, hace dos años. Era el aviso de la descomposición en vida de una corporación que acabó agonizando la semana pasada por la metástasis del caso Pokémon, la investigación judicial que empezó rastreando la corrupción en Lugo y terminó destapando escándalos de mayor calado en Santiago, Ourense y A Coruña, junto a otras localidades gallegas, catalanas y asturianas.

En solo ocho días renunciaron a seguir aferrándose al cargo nueve ediles y abandonó la portavocía del PP gallego Paula Prado, otra concejal (por ahora no imputada, pero investigada) que dejó de serlo cuando el gobierno local empezó a hacerse añicos tras la estrepitosa salida de Conde Roa. Todos y cada uno de los que dimitieron son de una u otra forma fichas que se comió la Pokémon. El último imputado, y por partida doble, que quedaba en pie, resistiéndose a las embestidas que lo abocaban al naufragio, era el capitán del barco, el alcalde de reemplazo Ángel Currás. El regidor pretendía recomponer con técnicos (y algún personaje llamativo como el exárbitro García de Loza) el puzzle roto a partir de los únicos tres concejales sin imputar: la actual teniente de alcalde, Reyes Leis, y dos ediles que no tenían competencias y cuyos nombres no suenan a los ciudadanos.

La fama de los otros, los que se habían ido, era infinitamente mayor. Más por las noticias de los juzgados que por sus obras en beneficio de la ciudad. Pero la crónica de esta muerte adivinada empezó a escribirse incluso antes del día en que el fiscal denunció por fraude a Conde Roa, un jabato de Alianza Popular que se hizo adulto y llegó a diputado del Congreso bajo el paraguas protector de Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado. En realidad, el apocalipsis consistorial comenzó a fraguarse tiempo antes de la noche de la victoria electoral.

El primer acto de esta larga función, o defunción, a la que han asistido estupefactos los vecinos de Santiago podría ser la foto fija de una joven promesa del PP durmiendo la borrachera sobre el volante de su coche, parado de madrugada ante un semáforo urbano que va cambiando de color. Es Ángel Espadas, entonces concejal en la oposición y hombre de confianza de Conde Roa. Por este desliz (triplicaba la tasa límite) tuvo que renunciar a ir en la candidatura. Pero al ganar el PP las elecciones, el flamante alcalde reflotó su carrera haciéndolo jefe de gabinete. Según han revelado los pinchazos de la Operación Pokémon, que dirige la juez de Lugo Pilar de Lara, las supuestas actividades ilícitas del equipo de gobierno comenzaron enseguida. Espadas es citado con el alias de Puñales en las charlas en clave de la trama empresarial que presuntamente obtenía contratas y favores a cambio de regalos, enchufes masivos para familiares y amigos, dinero y donativos opacos para campañas electorales.

Puñales, según los investigadores de Aduanas, se convirtió muy pronto en el conseguidor que facilitaba los contactos municipales a las firmas investigadas, principalmente el grupo Vendex y Aquagest. Después de la dimisión de Conde Roa, llegó la fractura entre bandos enfrentados en el grupo de gobierno. En la guerra interna ganó Currás, y Paula Prado, que también sonaba como alcaldesa, dejó el Ayuntamiento para seguir como diputada autonómica y asumir la portavocía del PP gallego. También acabó marchando el que era asesor de Conde Roa, Ángel Espadas, que unos meses después fue detenido y enviado a prisión en el marco de la Operación Manga, hija primogénita de la Pokémon.

La célebre noche de fiesta de Espadas está también en el origen de otro de los frentes judiciales del Ayuntamiento. Entre otros, están imputados el alcalde y el exalcalde por urdir un supuesto plan para acosar y sacar del medio al policía local que se negó a destruir el atestado contra el político ebrio.

Cuando Espadas, marginado por Currás, se fue, su posición de conseguidor la ocupó supuestamente el joven concejal de Deportes, Adrián Varela, apodado Pijolandia por los empresarios de la trama. Varela no dimitió por las graves imputaciones de la Pokémon, sino hace una semana, después de que el sindicato nacionalista CIG lo demandase al saberse (gracias a otra escucha) que exigió a Vendex el despido de una empleada de guardería por el simple hecho de estar casada con un representante de los trabajadores en el consistorio.

En otro de sus momentos de gloria desde que estalló la operación judicial, Varela, ya imputado por varios delitos, reclamó a sus compañeros de gobierno que aprobasen el pago de la minuta de su abogado con cargo a las arcas públicas. Los siete ediles reunidos aquel día cumplieron sus deseos obviando un informe técnico que les advertía de la ilegalidad. Y si no fuese porque una vecina indignada decidió denunciar, el plan habría prosperado.

La condena de un juzgado de Santiago contra los siete cayó el lunes como un alud sobre el PP gallego. Fueron inhabilitados nueve años por prevaricación y esa tarde dimitieron. El martes lo hizo la última (sin contar al alcalde) imputada en la Pokémon. Y el esqueleto descarnado del gobierno local, expuesto a la vista de todos, se desmoronó. En la memoria colectiva se han grabado mientras elocuentes frases de los pinchazos: “Vendex hace unos regalos de la hostia” o “lo poco que hace Conde Roa huele a pelotazo urbanístico”. Estas dos, en concreto, de la exportavoz del PP gallego.

El caos de Marbella y Cangas derivó en gestoras

José Precedo

La apuesta por completar el Gobierno con concejales no salidos de las urnas —que contempla la ley electoral— era el camino más seguro para que el Partido Popular pudiese agotar la legislatura en Santiago, un feudo que se le resistió durante 26 años. La gestora que ha reclamado con la boca pequeña la oposición municipal —PSOE y BNG prefieren ver cómo se desangra el Ejecutivo local en el año escaso que queda hasta las elecciones— obligaría a disolver el Ayuntamiento pero el trámite requiere de la petición de la Xunta, el aval del Senado y la ratificación del Consejo de Ministros. La ley electoral y la ley de bases de régimen electoral estipulan el procedimiento siempre que se dé una “gestión gravemente dañosa para los intereses generales”.

El diagnóstico compete al Gobierno gallego, también en manos del PP, que se ha resistido a contemplar una opción ruinosa para sus intereses electorales. El antecedente más celebre está en Marbella, donde la entonces alcaldesa Marisol Yagüe y parte de la corporación salieron en 2006 directamente de sus despachos detenidos hacia la comisaría. Entonces el gobierno fue asumido por una comisión con 16 vocales y al frente se situó a un independiente sin siglas, Diego Martín Reyes, según rezaba su nombramiento “de autoridad moral incontestable y de clara referencia social”. El gabinete provisional pilotó el proceso hasta las siguientes elecciones. Pero la primera vez que se disolvió una corporación municipal fue 100 kilómetros al sur de Santiago, en Cangas do Morrazo, durante el mes de abril de 1990 y tras meses de revuelta vecinal originada por la decisión del entonces alcalde socialista Lois Pena de implantar una subida exponencial del impuesto de bienes inmuebles.

Centenares de cangueses impidieron la entrada del regidor durante ocho meses al Ayuntamiento, Pena acabó dimitiendo y el Gobierno lo asumió entonces una gestora municipal.