Arranca el juicio a Pilar Sánchez por pagar nóminas con dinero del Plan E

La exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados por segunda vez este año. En febrero fue absuelta de la colocación de cinco compañeros de partido en el Ayuntamiento y, desde este lunes, se enfrenta a una pena de tres años de prisión por pagar las nóminas de los trabajadores municipales con fondos del Plan E ingresados por el Estado para acometer proyectos de mejora en las ciudades.

Además de la pena de cárcel por un delito contra la hacienda pública por “fraude de subvenciones”, la fiscalía solicita para la exregidora socialista el pago de 8,6 millones de multa, el equivalente al dinero que la edil utilizó para abonar los salarios de los empleados del Consistorio y otros servicios municipales, como la ayuda a domicilio.

Sánchez, con los informes técnicos de intervención y tesorero en contra, ordenó entre septiembre de 2010 y mayo de 2011 un total de 11 traspasos del capital ingresado en cuentas restringidas para la ejecución del programa anticrisis activado por el expresidente Zapatero. Durante ocho meses, la munícipe usó 10 millones de euros de los fondos estatales para completar seis mensualidades de la nómina y otros 1,7 millones para liquidar facturas con proveedores de servicios públicos básicos. El gobierno local iba reponiendo el dinero retirado de acuerdo a un plan de tesorería que se interrumpió al finalizar el mandato y celebrarse las elecciones municipales de 2011. En esa fecha, el desfase entre lo retirado de las cuentas restringidas y lo repuesto era de 8,6 millones de euros.

Fue la actual alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), quien denunció a su predecesora en el cargo. Según explicó tras llevar las cuentas a la fiscalía, poco después de llegar al sillón consistorial tuvo que responder ante el Estado de los proyectos para los que Jerez había recibido financiación, pero que o no habían concluido o no habían empezado, como el museo de Lola Flores, la escuela de idiomas o la jefatura de la Policía Local.

El juicio se celebra a tres jornadas y Sánchez se muestra “tranquila”. La propia exalcaldesa afirmó meses atrás en un comunicado que “volvería a hacer lo mismo” si estuviera “en esa tesitura”. “Prioricé el pago de la nómina de la plantilla y otros servicios esenciales en momentos de asfixia total del Ayuntamiento. Siempre hubo un plan de tesorería para reponer el dinero”, añadió en el escrito.

La defensa de la exalcaldesa señala que el 75% de los fondos estatales recibidos se destinó a la ejecución de las obras comprometidas y añade que Jerez no fue el único Ayuntamiento que utilizó fondos del plan E para atender los pagos más urgentes de la Administración en los primeros años de la crisis. El Consistorio de La Línea de la Concepción (Cádiz) también se financió con este capital en 2009 y en Zaragoza no llegó a iniciarse la vía penal “porque la mayor parte del dinero se usó para el fin para el que se había concedido la subvención, la ejecución de obra pública”.