La magistrada obliga a Ruiz de Lopera a declarar
La juez acusa al ex vicepresidente económico del Betis de llevar a cabo un “plan preconcebido” para descapitalizar al club
La juez que investiga la gestión de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Betis, Mercedes Alaya, ha rechazado la renuncia del expropietario del club de fútbol a la declaración indagatoria, prevista para el jueves 12 de junio, dado que se trata de una posibilidad no prevista en la ley.
Ruiz de Lopera había pedido a la magistrada que se suspendiera su comparecencia judicial, trámite previsto tras el auto de procesamiento dictado el pasado 8 de mayo, por entender que es un acto “vacío de contenido” que solo servirá para su “incriminación mediática”.
Según el ex máximo accionista del Betis, a lo largo de los seis años de instrucción del caso su abogado “ha ofrecido completas, exhaustivas y minuciosas explicaciones” y la declaración indagatoria “carece de contenido procesal pues no se ha aportado dato o elemento nuevo a la causa” desde su última comparecencia.
Por ello, la defensa proponía suspender su citación y dar por reproducida su última comparecencia ante Alaya, el 14 de noviembre de 2013, cuando Ruiz de Lopera se acogió a su derecho a no declarar.
La juez Alaya, una vez concluida la instrucción de la causa, citó el pasado 28 de mayo a los restantes imputados: el empresario Luis Oliver, que compró las acciones a Lopera; el exvicepresidente Ángel Martín, el sobrino de Lopera Francisco Javier Páez y a otras personas que figuraban como titulares de sus empresas, los cuales se acogieron a su derecho a no declarar.
En el auto de procesamiento, Alaya acusó a Lopera de haber llevado a cabo un “plan preconcebido” para descapitalizar al club desde que fue vicepresidente económico, proyecto que diseñó “en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio”.
La juez ha cuantificado el “beneficio final y el correlativo perjuicio para el Real Betis” en las 14 temporadas bajo Lopera en “la imponente suma” de 24,9 millones de euros.
Sobre Oliver, la juez indicó que se habría incorporado al “proyecto criminal” iniciado por Lopera como “cooperador necesario” al comprar las acciones “a sabiendas del carácter litigioso de las mismas” para intentar “hacer ineficaz cualquier pronunciamiento judicial sobre ellas”.
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