Abdicación y reforma constitucional

Habrá pronto un nuevo rey. Pero los partidos republicanos ganaron holgadamente el 25 de mayo las elecciones al Parlamento Europeo en Cataluña. La sigla del partido que quedó en primer lugar lo dice todo: Esquerra Republicana. Su trayectoria también: en 1978 votó contra la vigente Constitución Española justamente porque legalizaba la monarquía repuesta en 1975 por el franquismo.

¿Qué pasaría si se convocara un referéndum para elegir entre Monarquía y República? Los tres partidos catalanes que en la actualidad se proclaman republicanos y preconizan la convocatoria de un referéndum sobre la forma de Estado para escoger obtuvieron en conjunto hace 10 días el 38,6% de los votos. Pero esta suma incluye solo a las tres fuerzas explícitamente decantadas a favor del referéndum sobre la forma de Estado: la citada ERC, más ICV-Verds-EUiA, y Podemos. Está bastante claro que hay además muchos electores republicanos entre aquellos que se inclinaron por otros partidos, en particular el socialista. Y no digamos en los que en otras elecciones votaron a fuerzas como la CUP.

El otro dato que define el panorama político en lo que se refiere a la Monarquía es que entre sus partidarios, muchos, probablemente la mayoría, lo son por cuestión de oportunidad. Por una idea de la conveniencia directamente referida a la estabilidad social y política. Es el caso del nacionalismo catalán de centro-derecha y del propio partido socialista. Desde 1978, CiU y PSC se han declarado a favor de la monarquía porque ofrecía garantías de estabilidad. Concretamente, la garantía de que el conservadurismo y el reaccionarismo nacional-católico que en 1936 destruyó la democracia republicana aceptarían la democracia si se configuraba como una monarquía.

Navarro y  Rubalcaba  insistieron ayer en la oportunidad de emprender inmediatamente una reforma constitucional susceptible de encauzar el conflicto catalán

Existen poderosos argumentos para defender que aquel trabajoso pacto —monarquía a cambio de democracia— sigue siendo conveniente para la democracia española. Son los argumentos que llevan a los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, y en Cataluña al PSC y a CiU, a no cuestionar el relevo de Juan Carlos I por su hijo Felipe. Sin embargo, esta sucesión se plantea en un momento de crisis política grave en otros aspectos que afectan a la estabilidad constitucional. En particular, la existencia de un potente movimiento que reclama un referéndum sobre la articulación política de Cataluña en España. Puede que en el escenario general español este sea ahora mismo el más agudo, pero no es el único.

Tanto el líder del PSC, Pere Navarro, —la primera personalidad política que hace ya un año y medio tuvo el coraje de plantear públicamente la necesidad de la abdicación del rey Juan Carlos—, como el secretario general saliente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistieron ayer en la oportunidad de emprender inmediatamente una reforma constitucional susceptible de encauzar el conflicto catalán. Hablaron de federalismo con un énfasis del que cabe suponer que no se refiere a retoques administrativos. Pero tampoco queda claro que se refieran al núcleo del conflicto: la efectividad del reconocimiento nacional de Cataluña y las garantías de su poder político, la autonomía. Inmediatamente, los presidentes de los Gobierno de Cataluña y Euskadi, Artur Mas e Iñigo Urkullu, pusieron sus respectivos contenciosos nacionales sobre la mesa. Una baza para apoyar la sucesión.

La acogida que estos y otros dirigentes políticos, sobre todo los republicanos, han dado a la abdicación del Rey en favor del príncipe Felipe lleva a pensar que la sustitución del jefe del Estado es una oportunidad para replantear los aspectos del sistema político español que chirrían desde hace años. Sin embargo, no está muy claro que la actual configuración de las Cortes Españolas pueda afrontar esta tarea en toda su magnitud. La abrumadora mayoría que forman los diputados y senadores del PP y el PSOE está a estas alturas muy lejos de representar fielmente la realidad política. Las elecciones europeas del 25 de mayo mostraron claramente el desfase entre el bipartidismo imperante en las Cortes y el resultado de unas elecciones con representación proporcional.

Uno de los males más graves del sistema político español, uno de los que lo hace más disfuncional, es precisamente el control de todas las institucionales centrales del Estado por este bipartidismo PP-PSOE fabricado por un sistema electoral en el que casi 40 provincias eligen solo a diputados de dos partidos. Una ortopedia política pensada en 1977 para favorecer la estabilidad que se ha convertido en esclerosis con el paso de las décadas. De ahí viene la cascada de nombramientos partidistas en todas las instituciones que acaba por configurar una partitocracia que hace posibles desastres tan esperpénticos como el recién protagonizado por el juez conservador Enrique López en el Tribunal Constitucional.

No es una excepción. La larga extensión de la lista de cargos institucionales que en los últimos años protagonizan escándalos a cual más vergonzoso solo se explica por la impunidad que este bipartidismo ha ofrecido a sus beneficiarios durante años. Es un problema que afecta sobre todo a la pata derecha de este bipartidismo, pero es una consecuencia del sistema que entrega a dos partidos un poder en condiciones de permanencia sin disputa real y efectiva en gran parte de las instituciones. De ahí que la reforma constitucional que proponen ahora los socialistas debiera ser llevada a cabo, si acaso, por unas Cortes surgidas de elecciones en las que estos asuntos figuraran en los programas de los partidos. Unas Cortes para la reforma.