TMB pidió a la juez solo un mes de prórroga para negociar el desalojo

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), propietaria de Can Vies, pidió a la juez, el pasado abril, que prorrogara hasta mayo el plazo dado para desalojar el centro okupado.“Hemos sido informados de que, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, se han iniciado conversaciones con las organizaciones que ocupan la finca”, reza el escrito de la empresa pública. El juzgado de primera instancia número 6 de Barcelona, que había dictado la “orden de ejecución inmediata” para abril, dio el visto bueno.

Las negociaciones fracasaron y la comitiva judicial, con ayuda de los Mossos, ejecutó el lunes el desalojo, que ha derivado en incidentes violentos en Sants y otros barrios de Barcelona. Los altercados ya fueron previstos por el consistorio, que buscaba “alcanzar una forma pactada para la desocupación de la finca” con el objetivo de “preservar el orden público y evitar eventuales altercados que suelen ir ligados al desalojo forzoso de inmuebles ocupados por movimientos y organizaciones sociales”, según el escrito de los abogados Andrés Jiménez de Parga y Alba Muxí.

Fuentes cercanas a Can Vies lamentan que TMB solo pidiera una breve prórroga (y no la suspensión) durante las negociaciones. El abogado del centro social, Eduardo Cáliz, recuerda que en un proceso civil el demandante tiene la sartén por el mango. La empresa pública, añade, podría incluso no haber solicitado la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Barcelona que, en septiembre de 2012, ordenó el “desalojo” de la finca.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias —que también es presidente de TMB— se escudó ayer en que el proceso era inevitable. Trias afirmó que se ha limitado a “cumplir la ley”, que “obliga” al desalojo. “Parece que nosotros hayamos decidido hacer este desalojo, pero esto es una orden judicial (...) Hemos intentado negociar en todo momento”, dijo en el programa de TV-3 Els Matins. Trias añadió que “el proceso judicial empezó con un gobierno anterior; se podía no haber iniciado”.

“Las manifestaciones de Trias son falsas. En la vía civil, una sentencia tiene efectos declarativos; el demandante la puede ejecutar cuando quiera y pararla en cualquier momento si lo desea”, opina Cáliz. Fuentes cercanas a TMB recuerdan que la solicitud de ejecución “obedece únicamente al ejercicio de su legítimo derecho” como propietario. Las mismas fuentes recuerdan que no han decidido “ni el día ni la hora” del desalojo y añaden que la actuación ha sido “irreprochable desde un punto de vista jurídico y social”, ya que ha esperado a que la sentencia sea firme. “La intención del Ayuntamiento nunca ha sido negociar el uso del inmueble, sino su desalojo con el mínimo ruido posible. Durante 17 años, los ocupantes han hecho un acto de desobediencia que sirve para avanzar en derechos”, replica Cáliz.

El litigio abierto en los juzgados a propósito de Can Vies es casi tan antiguo como su okupación y hunde sus raíces en la década de los 80 del siglo pasado. El 10 de julio de 1984, TMB cedió a la sección sindical del metro de CNT la finca —en el número 40-42 de la calle de Jocs Florals— para que el sindicato tuviera un local donde desarrollar sus actividades. La finca fue cedida “en precario”, lo que significa que podía ser revocada en cualquier momento. Diez años después, la CNT dejó de usar el local, pero “invitó” a otros sindicatos como la CGT y a entidades y ciudadanos a utilizarlo.

El Ayuntamiento tenía en su mano no pedir la ejecución de la sentencia

El 10 de mayo de 1997, jóvenes de Sants okuparon la finca “en respuesta a la falta de espacios donde realizar actividades de carácter lúdico y político”, según los documentos de prensa del Centro Social Autogestionado. El edificio, que data de 1879, se encontraba ya entonces en un estado “muy deficiente” que hacían su uso “desaconsejable” e incluso “arriesgado”, según el informe de un estudio de arquitectura.

Ese informe fue uno de los documentos que TMB aportó en 2006, cuando presentó la primera demanda para desalojar Can Vies. Pero una cuestión formal —no se había denunciado a CNT, el ocupante inicial— obligó a paralizar el proceso. La segunda demanda, la de 2009, fue la que prosperó. TMB alegó que nunca había consentido la ocupación y todas las entidades, salvo el CSA Can Vies, renunciaron a oponerse a la demanda. El juzgado de primera instancia, sin embargo, solo decretó el desalojo de la CNT, pero no del resto de entidades —asociaciones de vecinos, el colectivo de jóvenes comunistas o la asamblea de jóvenes de Sants, entre otros—, que fueron absueltas. La empresa pública presentó un recurso y la Audiencia de Barcelona le dio la razón y ordenó el desalojo, alertando a los ocupantes de que si no lo hacían “en el plazo legal” serían “lanzados”.

Los ocupantes acudieron, sin éxito, al Tribunal Supremo, que ni siquiera admitió a trámite su recurso. En marzo de este año, con la sentencia firme y tras esperar, en vano, a un desalojo voluntario, TMB pidió la ejecución de la sentencia. El juzgado la acordó y recordó a los okupas que, “para no dejar objetos abandonados”, el Ayuntamiento había puesto a su disposición un almacén... en un polígono de Sant Andreu de la Barca.