Ciscar deja en manos de Génova la presencia de imputados en las listas

El cese de Lola Johnson como secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat ha puesto de nuevo en cuestión las líneas rojas del presidente Alberto Fabra contra la corrupción.

El portavoz y vicepresidente del Consell, José Ciscar, se esforzó este viernes por intentar justificar la salida de Johnson del Consell y acabó abriendo la puerta a la posibilidad de que alcaldes y ediles imputados en casos de corrupción, como el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, puedan optar a la reelección en las candidaturas electorales del PP.

“Cualquier persona imputada por corrupción no irá en las candidaturas que dependan del presidente Fabra, pero las capitales de provincia no dependen de la dirección regional”, prosiguió Ciscar, “la competencia es de la dirección nacional del PP y todavía queda mucho tiempo y pueden ocurrir muchas cosas”.

“Confío en que Madrid respetará las directrices que marca el presidente del PP de la Comunidad Valenciana”, remachó el portavoz del Consell, que es consciente de la influencia que tiene en Génova la alcaldesa Rita Barberá.

El portavoz desconoce cuándo nombrará Fabra al sustituto

El argumento de que las candidaturas del PP en las capitales de provincia dependen de Génova no había sido utilizado nunca hasta ahora y crea una nueva incertidumbre sobre si Fabra podrá cumplir con sus líneas rojas contra la corrupción. Probablemente fruto del desconcierto generado en las filas populares por la fulminante salida de Johnson, tras la admisión a trámite de una denuncia de Compromís por malversación de fondos en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y la decisión de la juez de llamar a declarar como imputada, el próximo mes de julio, a la ya exsecretaria autonómica y a otros cuatro exaltos cargos del ente. Un cese que se produce apenas unos días después de que el propio Ciscar realizase una defensa cerrada del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, imputado en el caso Nóos tras meses de investigaciones y tomas de declaración a decenas de testimonios por parte del juez José Castro que instruye la causa en Palma de Mallorca.

El portavoz del Consell elogió la profesionalidad de Johnson, mientras recalcaba que “el presidente Fabra exige la máxima ejemplaridad de las personas que dependen de él” y finalmente admitió que el Consell desconoce el contenido de la denuncia presentada por Compromís que ha fulminado la carrera política de Johnson.

El vacío dejado por Johnson como secretaria autonómica de Comunicación, apenas cinco meses después de asumir la responsabilidad, provoca una grave avería en Presidencia de la Generalitat. Ciscar no se atrevió a vaticinar cuándo habrá relevo en un puesto que es estratégico, especialmente de cara al último año de legislatura.

Lola Johnson había intentado en los últimos meses que Fabra tuviese una cierta proyección estatal, para lo que había concertado entrevistas en las principales cadenas de televisión; había participado en las negociaciones para aumentar las desconexiones de TVE en la Comunidad Valenciana e iba a presidir la mesa de contratación que debía decidir sobre las licencias de TDT anuladas en 2012 por una sentencia del Tribunal Supremo.

Malestar en el PP por el distinto trato que reciben los imputados

El portavoz del Consell intentó minimizar el impacto de la dimisión: “La comunicación va a seguir funcionando. La mejor prueba de normalidad es esta rueda de prensa”. Ciscar indicó que, si hay cosas que debe firmar la secretaría autonómica de Comunicación y esta sigue vacante, la firma la pondrá un “cargo de rango superior”.

La crisis abierta por el cese de Johnson, que Ciscar quiso desvincular de la campaña electoral al Parlamento Europeo, supone un nuevo mazazo en el PP, agravado por la falta de empatía del presidente de la Generalitat hacia quien ha sido una de sus más estrechas colaboradoras en los últimos meses y su pretensión de desmarcarse de la gestión realizada en RTVV.

En el PP las discrepancias sobre cómo tratar las imputaciones por corrupción se han hecho evidentes con el paso de los meses. Ni presidentes provinciales, como Alfonso Rus, ni referentes municipales como Rita Barberá han hecho ningún gesto de seguir la política de tolerancia cero que propugna Fabra.

Ciscar también señaló que tras la imputación de Lola Johnson se seguirá con el procedimiento previsto en los estatutos del PP, lo que implica la apertura de un expediente informativo.