La ruina económica amenaza a las Cámaras de Comercio gallegas

Llamar por teléfono a la Cámara de Comercio de Ferrol es una pérdida de tiempo. Una voz metálica lo impide por “avería en la línea”, pero el mensaje tampoco es cierto del todo. No hay línea telefónica fija ni Internet y podrían cortarles la luz de un momento a otro. En el buzón de la oficina, en el número 158 de la calle María, solo entran notificaciones de deudas con acuse de recibo. "Cartas de Hacienda, de la Seguridad Social, de Fenosa, de Emafesa [empresa municipal del agua], de Movistar o de la Autoridad Portuaria. Llega una o varias a diario”, cuenta un empleado. Es uno de los cuatro que todavía acuden de lunes a viernes para cumplir con las siete horas de su jornada laboral en una oficina que hace meses que no se adecenta porque la limpiadora ya no va. La última nómina llegó en octubre de 2013 y su despacho es ahora un pequeño local en el vivero de empresas de la ciudad en lugar de toda una planta junto a la feria (FIMO), su sede hasta el pasado año.

En los buenos tiempos, sumaban 13 contratos indefinidos y la plantilla pasaba de 16. Hoy quedan ocho empleados y cuatro ya llevan un tiempo de baja. Hace siete meses que no cobran y no tienen trabajo. Y aunque lo tuvieran no podrían gestionarlo sin acceso a Internet mientras los mensajes se acumulan por centenares en la bandeja de entrada del correo electrónico corporativo al que no pueden acceder por falta de conexión a la web. “Podemos ofrecer algún certificado y poco más”, explica una plantilla atrapada en una situación laboral de “absoluta precariedad” mientras la Cámara, el Ayuntamiento de Ferrol y la Xunta se han ido lanzando la patata caliente durante meses sin medidas concretas.

El ente cameral ferrolano está arruinado, descabezado y deslizándose por un precipicio de facturas y nóminas sin pagar, varios juicios laborales pendientes y créditos sin amortizar que van creciendo a golpe de intereses por una obra muy ambiciosa para construir unas oficinas en el puerto exterior que fracasó pese a las cuantiosas ayudas públicas que obtuvo. La fiscalía llegó a investigar posibles irregularidades en la gestión de aquellos fondos públicos, a partir de una denuncia interna, antes de archivarla en julio de 2011. El esqueleto de esta actuación, que hoy se deteriora en la explanada de Caneliñas, disparó la deuda de la Cámara hasta 3,7 millones de euro, según calcula la plantilla. La mayor parte de este agujero (3,1 millones) correspondería a créditos blandos y subvenciones a fondo perdido del Ministerio de Industria que acaparó esta obra inconclusa. En 2009 fueron 721.335 euros y en 2010 llegaron a 1.040.000. “Esa inversión loca fue lo que acabó de rematarnos”, explica una trabajadora, que prefiere no exponerse con su nombre ante los juicios pendientes con la entidad. El resto de los números rojos es la suma de facturas y pago pendientes con deudores como la Seguridad Social o Hacienda.

La situación de la Cámara es compleja por la propia naturaleza del ente, a medio camino entre una Administración y una asociación empresarial. La de Ferrol, que repartía su propiedad entre la Cámara (55%) y el Ayuntamiento (45%), es un buen ejemplo del peor caso de gestión. Sus trabajadores tienen claro que el problema “viene de lejos” pero coinciden en que sus tribulaciones comenzaron a hacerse más acuciantes cuando un decreto gubernamental (RD 13/2010) suprimió la obligatoriedad del pago de las cuotas de empresas con las que se financiaban parcialmente la entidad. Durante 12 años consecutivos, Francisco Cruz llevó las riendas en Ferrol hasta que lo derrotaron las urnas en 2010. Mucho más breves fueron sus sucesores: los dos últimos dimitieron en cuestión de meses. Primero, Xoán Gato, exalcalde de Narón, que llegó eufórico para presidir el ente y se marchó por la puerta de atrás en noviembre del 2011. Antes de irse, en julio, aplicó el primer ERE a una plantilla de 16 personas y prescindió de cinco porque la Cámara ya andaba corta de liquidez para pagarles el salario. Algo similar ocurrió en el FIMO, el recinto ferial contiguo, que prescindió de cinco de nueve empleados.

La prematura salida de Gato abrió una batalla entre las dos mitades del ente —Cámara y Ayuntamiento— por ver a quién correspondía hacerse cargo del entuerto. La empresaria Ana Prego, lo intentó una temporada, pero terminó por claudicar y la gran mayoría de los vocales también renunció el pasado diciembre. “De los 29 no renunciaron cuatro y casi podría decir que por despiste”, señala un trabajador.

De la Cámara ferrolana se ocupa desde el 20 de febrero una comisión gestora —siete funcionarios— que depende directamente de la Dirección Xeral de Comercio de la Consellería de Economía que va por la sexta reunión sin avances sustantivos. La última, el martes 20. “Trabajamos para convocar elecciones, restituir la estabilidad del ente y sus funciones”, indica un portavoz del departamento de Francisco Conde. La gestora provisional ha pedido tres informes a la asesoría jurídica para “establecer los pagos prioritarios”, fundamentalmente los relativos a los trabajadores. El pasado 9 de junio, la plantilla denunció por escrito su angustiosa situación de ante la Inspección de Trabajo. De los 15.580 electores —empresas y autonómos— de Ferrol, Eume y Ortegal que figuraban en el último censo cameral, apenas 200 y pocas se habían dado de alta voluntariamente en el ente para fijar los comicios a fin de conformar un nuevo pleno cameral. Mientras, la ley que regula las Cámaras (Ley 4/2014) ha vuelto a cambiar en abril, y la gestora estudia cómo aplicar los cambios al caso ferrolano.