Reus reclama 115.000 euros a un exedil y al expresidente de Tecnoparc

El Ayuntamiento de Reus (Baix Camp) exigirá responsabilidades civiles contra los cuatro imputados por el pago de facturas presuntamente irregulares desde Tecnoparc, el parque tecnológico de la ciudad. También pedirá que devuelvan el dinero cobrado, que alcanza los 115.000 euros. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, Carles Pellicer (CiU), a la Junta de Portavoces del Consistorio.

El Ayuntamiento presentará en los próximos días en el juzgado de Instrucción 1 de la ciudad el escrito de conclusiones del procedimiento judicial abierto contra los cuatro imputados en este proceso: el expresidente del Tecnoparc, Ángel Cunillera; el exedil de Urbanismo, Jordi Bergadà (ERC); el exvicepresidente de la empresa y exregidor del PSC, Ramon Urgellès, y el exgerente, Xavier Gómez. Los hechos sucedieron entre 2008 y 2009. Cunillera habría cobrado 80.469 euros presuntamente de manera injustificada, a pesar de que su cargo no estaba remunerado. Bergadà, por su parte, entregó facturas por valor de 33.578 emitidas a Tecnoparc desde su propia empresa. Con posterioridad reclamó otro pago de 30.680 euros, pero ya no le fue abonado. Ambos presentaron las facturas en concepto de asesoramiento técnico cuando formaban parte del consejo de administración del Tecnoparc. En el escrito de acusación, el Ayuntamiento pedirá que retornen el dinero, así como los intereses y las costas judiciales, pero no solicitará para los implicados penas de prisión ni su inhabilitación. “El Ayuntamiento toma esta decisión en defensa de los intereses de la corporación municipal y de la ciudad”, ha informado en un comunicado.

En cambio, Ara Reus, partido que llevó a la justicia los cobros supuestamente injustificados, en su escrito de acusación, solicita penas de prisión que suman 27 años por los presuntos delitos de falsificación documental y malversación de fondos públicos. Además, también exige que devuelvan las cantidades cobradas. Ara Reus esgrime que Cunillera, “aprovechándose de su condición y posición en la empresa, sin conocimiento ni autorización de la Junta General ni del Consejo de Administración, con claro ánimo de lucro habría simulado y falsificado tres documentos dándoles apariencia de facturas” por trabajos que nunca habría llegado a realizar. También acusa del mismo comportamiento al exregidor de Urbanismo, y destaca que no existía ningún contrato de prestación de servicios. Ara Reus añade que Urgellès, siendo vicepresidente del Tecnoparc, habría firmado facturas de Cunillera para que pudiese extraer el dinero de los fondos de la empresa. Gómez, por su parte, presuntamente habría abonado las facturas de Bergadà y Cunillera en sus cuentas bancarias.

Las presuntas irregularidades se cometieron durante los mandatos de Lluís Miquel Pérez (PSC), mientras Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) era director general de servicios del Ayuntamiento de Reus y director general del entramado de empresas municipales, Innova. El PSC, ERC e ICV gobernaban entonces la ciudad. Tecnoparc era una de las piezas estrella del entramado societario de Reus porque mediante este parque tecnológico los antiguos gobernantes querían convertir la localidad en ejemplo de ciudad industrial del futuro. La sociedad era mixta; estaba participada por capital público y privado. Desde instalaciones punteras se empezaron a atraer compañías del sector de la salud o la bionutrición, entre otras disciplinas. En un principio, el capital del Tecnoparc estuvo en manos del Ayuntamiento y de una sociedad de Innova, Redessa. También participaban la Universidad Rovira y Virgili (URV), la Cámara de Comercio de Reus y diversos empresarios locales.