El Gobierno redobla la presión para que el BEI prescinda de Magdalena Álvarez

El Gobierno central prosigue con su estrategia para que la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Magdalena Álvarez abandone su puesto tras la confirmación de su imputación en el caso ERE por la Audiencia de Sevilla. La representante española en el consejo de administración del BEI ha pedido por carta al presidente de la institución, Werner Hoyer, que aclare si Magdalena Alvarez, puede seguir como alta directiva de la entidad.

Hace dos semanas, Guindos ya sugirió que la exministra socialista debía abandonar el cargo, y apeló a su “responsabilidad” tras tornarse su imputación “firme”. Ahora el Gobierno ha dado otra vuelta de tuerca más y ha pedido un dictamen de los servicios jurídicos del BEI sobre los procedimientos internos para acordar el cese de un miembro del comité de dirección como Álvarez, informa Efe. En concreto, la representante española ha pedido aclaración sobre los requisitos para la adopción de los acuerdos por el consejo de administración y el consejo de gobernadores, así como quién inicia el procedimiento.

Mientras, la pauta del silencio ha continuado entre los imputados del caso ERE que comparecen ante la instructora Mercedes Alaya como miembros de los consejos rectores de la agencia pública Idea. Tras negarse a declarar el pasado lunes el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector de Trabajo Javier Guerrero entre otros, ayer fue el turno del exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez, el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua, y el ex director de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López, así como el exdirector de Idea Jacinto Cañete y el exdirector de Industria Jesús Nieto. Al menos dos de ellos esgrimieron ante la magistrada que su negativa a declarar estaba motivada porque no la consideran competente en el caso ERE y creen que el Tribunal Supremo debe analizar ya la causa al existir cargos aforados señalados.

La jornada de este martes ha sido breve, ya que los cinco imputados declararon en apenas una hora. Tras la negativa de los acusados a declarar, la Fiscalía Anticorrupción no solicitó para ellos ninguna medida cautelar.

Por otra parte, la magistrada ha ordenado a la Guardia Civil retener el móvil de un periodista del diario La Razón porque pensó de manera errónea que el reportero había grabado sus conversaciones. El redactor estaba en los juzgados y cuando su teléfono se quedó sin batería, lo puso a cargar en un enchufe ubicado a unos metros del despacho de la juez. Después de que una funcionaria avisara a Alaya, esta salió para “abroncar” al periodista y recriminarle que no escogiera otro enchufe más alejado de su despacho, informó Europa Press. La juez fue a buscar a la Guardia Civil para que durante 20 minutos analizara el contenido del móvil del periodista para cerciorarse de que no había grabado conversación alguna, hasta que finalmente realizaron la diligencia y el periodista pudo continuar su trabajo. Los periodistas que presenciaron el incidente mostraron su disposición a presentar una queja ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) por el incidente.