Cuatro imputados prosiguen la senda del silencio en el ‘caso ERE’

La senda del silencio se consolida como estrategia en el caso ERE.Los cuatro ex altos cargos de la Junta citados este lunes a comparecer ante la instructora Mercedes Alaya se han negado a declarar. Y parece la estrategia procesal que adoptará asimismo el resto de los 25 imputados como miembros del consejo rector de la agencia pública Idea entre 2001 y 2008. Tanto el ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, y sus subordinados, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, optaron por el silencio.

Tras numerosas declaraciones muy llamativas por las respuestas, los enfrentamientos y los incisivos interrogatorios de Alaya, la veintena de altos cargos de la Junta imputados hace un año comenzaron a ver que sus explicaciones y argumentos caían en saco roto. Y el silencio comenzó a calar como arma defensiva. Parece ser la senda que tomarán la mayoría de los 25 imputados desde la semana pasada por los acuerdos adoptados por la agencia Idea.

El primero de ellos en comparecer ante la magistrada, el ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano, ha guardado silencio pero ha atacado la competencia de Alaya con los mismos argumentos que la Fiscalía Anticorrupción, para que remita la causa al Tribunal Supremo al existir cuatro cargos aforados a los que la juez dejó fuera de este último auto: “Este juzgado ya no es competente para continuar la instrucción de esta causa, por cuanto que la investigación judicial se encuentra agotada en esta sede judicial”. Serrano cita de manera expresa a los diputados andaluces del PSOE Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, además del diputado a Cortes José Antonio Viera.

La juez subraya de nuevo que retiene la causa porque está “en la recta final”

Serrano, imputado por malversación, prevaricación y falsedad en documento público continuadas, se ha negado a ratificar su declaración ante la Guardia Civil prestada como testigo. La juez ha insistido para que firmara la ratificación o al menos puntualizara los desacuerdos con su testimonio anterior, pero el ex alto cargo ha estado en desacuerdo. “Lo que yo declaré fue bastante más extenso que lo que figura en la misma [la declaración]”. Serrano ha puntualizado que la transcripción de los investigadores incluye “frases fuera de contexto” y que su testimonio fue más completo que lo reflejado en el acta que firmó en 2012.

La magistrada achaca a Serrano haber firmado 42 convenios por 210 millones entre 2004 y 2008, y haber sido “conocedor y partícipe de las importantes irregularidades de las ayudas directas y sociolaborales que se gestionaban entre la agencia y la dirección general de trabajo” de la Junta.

Además, Alaya imputa a Serrano haber conocido que las ayudas comprometidas por Empleo serían abonadas por el “uso inadecuado” de las transferencias de financiación, “destinadas solo a financiar la actividad genérica del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o sus pérdidas, pero en modo alguno para el pago de subvenciones”. Asimismo, Alaya le tilda de “partícipe y conocedor del falseamiento del presupuesto del IFA”. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el imputado una fianza civil de 26 millones, ya que se desprenden “indicios sólidos y de prueba” de su participación en los hechos. Entre ellos la “participación directa o indirecta de la agencia Idea” en empresas beneficiadas por las ayudas sociolaborales como Santana Motor.

Junto a Serrano, su antecesor al frente de Idea, Francisco Mencía, ha aplazado su declaración prevista este lunes por razones médicas. Alaya ha atendido sus razones, al igual que las aludidas por el presidente de Unicaja, Braulio Medel, cuya comparecencia será el próximo 5 de junio, ya que este jueves su abogado tenía ya fijado un juicio.

En el auto por el que rechaza suspender las declaraciones de los miembros de los consejos rectores de Idea, Alaya destaca “la importancia de mantener la continencia de la causa”, que la fiscalía estima debería enviar ya al Supremo, especialmente en “esta recta final”. La juez ha repetido en diversas ocasiones que la instrucción de esta rama político-financiera está próxima a su fin, especialmente tras las críticas recibidas desde diversos ámbitos.