Cronología política del ‘caso ERE’

La vida política andaluza ha ido de la mano en los últimos tres años del caso de los ERE. Desde 2011, no sólo las decisiones tomadas en el palacio de San Telmo han marcado la actualidad, sino también las del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Incluso, eclipsando las primeras. En este periodo, la actuación de Mercedes Alaya no ha estado exenta de críticas, entre ellas, a ese particular paralelismo entre su instrucción y la vida política. Un debate que esta semana ha vuelto a cobrar fuerza. La imputación de la cúpula de la agencia Idea, en plena campaña de las elecciones europeas, ha reavivado la hipótesis del PSOE e IU de que existe “una coincidencia” entre los autos de Alaya y los procesos electorales. “Es una evidencia, cojan las hemerotecas y verán la coincidencia a partir de 2011 con las elecciones municipales”, mantiene el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo.

Estos más de tres años de instrucción han convivido con un calendario político apretado. La comunidad ha vivido cuatro convocatorias electorales (municipales, generales, autonómicas y la que finaliza el 25 de mayo) y el relevo en el Gobierno tras la dimisión de José Antonio Griñán. Y según mantienen IU y el PSOE —este último más cauto tras las directrices de Susana Díaz de intentar mantenerse al margen de la instrucción—, la sombra de la juez ha estado “muy presente” en ellos. “Alaya es experta en marcar los tiempos políticos”, defiende el coordinador general de IU, Antonio Maíllo. “Tiene un cierto olfato de oportunidad”, agrega el portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella. El PP, por su parte, se limita a mostrar su respeto a la Justicia. “No respetar la separación de poderes es no entender y no respetar democracia”, afirma la secretaria general del PP, Dolores López Gabarro. Para entender la polémica, la siguiente cronología detalla las principales actuaciones de Alaya enmarcadas en el calendario político.

Mayo de 2011 (Elecciones municipales). A tan solo cinco días de los comicios, la juez emite un auto en el que señala que los ERE se tramitaron de forma “inaudita e impropia” y exige a la Junta una copia de los documentos “auténticos”. Dos días después, cita al entonces candidato de IU a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, para declarar como imputado en el caso Mercasevilla. También llama al exgerente de Urbanismo Manuel Marchena, 15 meses después de imputarle.

Octubre de 2011. Alaya pregunta a la Junta si el método para las ayudas a empresas fue seguido por otras tres consejerías.

Noviembre de 2011 (Elecciones generales). Tras avisar que la investigación va por el “último escalón de la pirámide”, la magistrada señala por primera vez al presidente José Antonio Griñán. Alaya pide información sobre las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por Griñán durante su etapa al frente de la Consejería de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. La juez reclama a la Administración los documentos íntegros de los ERE.

Enero de 2012. La magistrada imputa al primer alto cargo de la Junta: el director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera. También acusa a su antecesor, Juan Márquez.

Febrero de 2012. La juez acusa a la Junta de alterar 480 actas de los Consejos de Gobierno entre 2001 y 2010.

Marzo de 2012 (Elecciones autonómicas). La declaración del ex director general de Trabajo y principal imputado en el caso, Javier Guerrero, marca el inicio de la campaña de las elecciones andaluzas, las primeras para el entonces presidente de la Junta José Antonio Griñán —quien llegó al cargo tras la marcha de Manuel Chaves—. La declaración de Guerrero se esperaba con expectación. Y no defraudó. El imputado aseguró ante Alaya que la cúpula del Gobierno andaluz conocía “perfectamente” el sistema de ayudas que la magistrada considera ilegal. La juez ordena el ingreso en prisión de Guerrero por el riesgo de fuga y le impone una fianza civil de 686 millones de euros. Cinco días antes de las elecciones, declara ante Alaya el exchófer de Guerrero. Además de dar nuevos nombres, Juan Francisco Trujillo desvela que parte del dinero de las ayudas se gastaba en fiestas y cocaína.

Abril de 2012. La magistrada ordena el ingreso en prisión sin fianza del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Marzo de 2013. La Operación Heracles de la Guardia Civil, a las órdenes de Alaya, suma al caso 20 nuevos detenidos, entre ellos Javier Guerrero; nueve citaciones judiciales de imputados y 13 registros. Días después, Alaya acusa a CC OO y UGT de haber cobrado 4,2 millones en “sobrecomisiones”.

Julio de 2013 (Primarias socialistas). Solo cuatro horas antes de que el comité director del PSOE aprobara la convocatoria para las elecciones primarias, Alaya imputa a la exconsejera andaluza y exministra Magdalena Álvarez, así como a 19 ex altos cargos de la Administración andaluza —entre ellos, el ex interventor general Manuel Gómez—. La juez justifica este paso en que “ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas” —los responsables políticos que permitieron “el uso indebido” de fondos públicos—.

Septiembre de 2013 (Nuevo Gobierno en la Junta). Alaya dicta un auto en el que señala a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados. La juez crea así un nuevo término: la preimputación. El auto se difunde el mismo día en el que el Gobierno de Susana Díaz toma posesión. La noticia eclipsa el acto. La juez reconoce que “no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación o inculpación” y que con su decisión se limita a comunicarles “la existencia” del procedimiento judicial “a fin de que puedan personarse en la causa si ese fuera su interés”. Alaya cree que podrían haber incurrido en los delitos de “prevaricación y malversación entre otros”, sin precisar más.

Octubre de 2013. La magistrada cerca a los sindicatos en otra redada por los ERE. La segunda fase de la Operación Heracles se salda con una decena de detenidos.

Noviembre de 2013. Alaya amplía la investigación a todas las consejerías de la Junta.

Marzo de 2014. La juez da un paso más en el caso y pone el foco en el Parlamento andaluz. La magistrada busca aclarar si los diputados que formaron la Comisión de Economía y Hacienda debatieron sobre el fondo de los ERE, ya que año tras año la partida fue incluida en los Presupuestos del Ejecutivo.