Amaiur pregunta por las licitaciones del TAV en Euskadi a Corsán-Corviam

El diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo ha realizado diversas preguntas para su repuesta por escrito al Gobierno central en las que solicita saber cuáles son las licitaciones en Euskadi de la empresa Isolux Corsán-Corviam, investigada "por diversas graves irregularidades", así como cuáles han sido las licitaciones iniciales y posteriores que se han producido con esta empresa y los motivos por los que se encarecieron tramos en Euskadi

En el escrito, Errekondo pregunta también por el precio de licitación, el de adjudicación, la empresa adjudicataria, la fecha de adjudicación, el plazo de finalización y el coste a día de hoy de cada tramo del tren de alta velocidad en la Comunidad Autónoma Vasca, así como qué tramos quedan por adjudicar y en que situación o fase se encuentran.

El diputado de Amaiur se interesa también por los accidentes laborales se han producido en los trabajos de ejecución del tren de alta velocidad de la Comunidad Autónoma Vasca, en qué tramo y por qué causa.

Según ha indicado, la empresa Isolux Corsán-Corviam está siendo investigada por "diversas graves irregularidades" en los que han resultado imputados varios directivos, y la compañía trabaja en cuatro tramos del Tren de Alta Velocidad en Euskadi y hay "indicios de malversación de dinero público en la licitación de obras del TAV en el tramo que transcurre por la Comunidad Autónoma Vasca, como el del tramo Amorebieta/Etxano-Lemoa que pasó de costar 45 millones de euros en 2007 a 59,5 millones de euros en 2009".

Errekondo ha recordado que la empresa Isolux Corsán-Coviram trabaja en cuatro tramos de la "Y Vasca". Dos de ellos dependen directamente de Adif y los otros dos del Gobierno vasco. En uno de ellos, ha dicho, "el presupuesto se encareció un 32,22% en dos años y en otro, al 77% de la ejecución de las obras, el gasto ha aumentado en un 13,50%".

Por ello, pregunta si "son ciertos estos datos, es decir, si la adjudicación final se encareció un 32,22%, aún sin haberse producido cambios en el proyecto inicial", así como "si es cierto que el plazo de ejecución previsto era de 28 meses, que éste se acabó en 2011 y que aún, en 2014 no se ha acabado la obra".

Además, quiere saber si, "con todos estos indicios, se ha abierto alguna investigación o si se tiene intención de abrir una investigación", además de si el Gobierno piensa detener la obra hasta que se esclarezcan todos los términos de la adjudicación.