Generalitat y alcaldes piden el cierre definitivo del almacén de gas Castor

La Generalitat y los alcaldes de las Tierras del Ebro escenificaron ayer un frente común contra el almacén de gas Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), volviendo a exigir su cierre definitivo. Así lo pidieron el consejero de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, y media docena de ediles de las poblaciones catalanas afectadas por la oleada de seísmos ocurridos durante los pasados meses de septiembre y octubre en una reunión celebrada en Tortosa (Baix Ebre).

En el encuentro, el consejero y los alcaldes valoraron el informe de Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre el proyecto Castor hecho público esta semana, que relaciona directamente los temblores con la actividad del almacén. “Si fuimos capaces de mantener la unidad por encima de administraciones y gobiernos de signos políticos bien diferentes, continuaremos manteniendo esta unidad”, afirmó Espadaler. El consejero de Interior añadió que la petición de clausurar el almacén “ya no es solo una voluntad de los ayuntamientos” sino una reclamación “del conjunto de la ciudadanía”. Espadaler quiso dejar claro que para conseguir su propósito la Generalitat mantiene abiertas todas las vías, incluida la judicial, que inició en octubre llevando el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona.

Espadaler, además, se mostró muy crítico con la gestión de la crisis sísmica realizada por el Gobierno, al que acusó de ocultar información. “Hemos pasado de la preocupación a la indignación por la deslealtad hacia la Generalitat y el mundo local”, remachó el consejero de Interior. Fuentes de la Consejería de Interior del Ejecutivo catalán explicaron que Espadaler envió una carta en octubre al Ministerio de Industria solicitando información sobre los estudios sísmicos. Según estas mismas fuentes, el Gobierno respondió la misiva el 26 de diciembre afirmando que los informes estaban pedidos y que se estaban elaborando. Por este motivo esta semana el enfado ha sido mayúsculo en el seno de la Generalitat al hacerse público el informe del IGN, ya que el estudio está fechado el 17 de diciembre. Además, el 4 de marzo Espadaler volvió reclamar la documentación, sin obtener respuesta. El titular de Interior exigió ayer al Ministerio de Industria “transparencia”. “Sabemos que hay nuevos estudios y algunos ya deben estar en manos del ministerio”, dijo Espadaler.

El alcalde de Alcanar (Montsià), Alfons Montserrat, uno de los municipios que más beligerantes se han mostrado con el almacén, también cargó contra el Gobierno central. “La información no llega por los conductos oficiales, acabamos sabiéndolo por los medios de comunicación. Los afectados reiteramos la necesidad de cerrar la explotación”, afirmó el alcalde, quien citó un segundo informe sobre el Castor que salió a la luz el miércoles. En concreto, el realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que confirma la relación entre los seísmos y la inyección de gas en la instalación submarina.

“Oficialmente ya se sabe lo que el sentido común nos decía: que hay una relación de causa efecto entre los terremotos y la actividad del almacén. El segundo informe aún da más miedo. Habla de fallas que no están cartografiadas. Eso hace pensar que no conocen exactamente lo hay allí debajo”, relató Montserrat. “El almacén se debe cerrar, desmantelar, y hay que tomar nota de lo ocurrido”, concluyó el alcalde. El Ayuntamiento de esta localidad pide que se abandone el Castor sin otorgar ninguna indemnización a la empresa promotora del proyecto, Escal UGS.