El juez imputa a Capdevila por pagar viajes privados con dinero público

La diputada del Partit dels Socialistes (PSC) Montserrat Capdevila se convirtió ayer en la primera mujer del selecto grupo de parlamentarios catalanes que tienen cuentas pendientes con la justicia. Capdevila deberá declarar como imputada el miércoles 28 de mayo por pagar, presuntamente, viajes de placer a Madrid con fondos públicos. En sintonía con los otros cuatro diputados en su misma situación —dos de CiU y otros dos del PSC— Capdevila no ha renunciado a su escaño.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga el caso, Carlos Ramos, considera que hay “indicios” para pensar que Capdevila cometió un delito de malversación de fondos públicos al pagar una docena de billetes de AVE entre Barcelona y Madrid con cargo a la tarjeta del Parlament. Hasta mayo de 2013, cuando fue retirada por los recortes presupuestarios, la tarjeta permitía a los diputados desplazarse en tren a Madrid, pero solo para cumplir con sus funciones de representación.

Las conversaciones telefónicas del caso Mercurio, que investiga la corrupción generalizada en torno al Ayuntamiento de Sabadell, evidenciaron que los desplazamientos de Capdevila nada tenían que ver con el trabajo. Los 12 viajes bajo sospecha entre las estaciones de Sants y Atocha se sucedieron a lo largo de dos años: entre octubre de 2010 y septiembre de 2012, recoge el auto. Capdevila era entonces primera teniente de alcalde de Sabadell y mano derecha del edil, Manuel Bustos, también imputado en la causa. Bustos ya tenía el teléfono intervenido y sus charlas revelan que ambos se alojaban en el mismo hotel madrileño. Los Mossos d'Esquadra ratificaron sus sospechas al comprobar que algunos de los AVE que utilizó la diputada salían de Barcelona a última hora de la tarde y regresaban a primera hora de la mañana.

Los viajes de Bustos, según los investigadores, sí están justificados porque acudía a Madrid como presidente de la Federación Catalana de Municipios. Bustos ocupó ese puesto hasta febrero de 2013, cuando fue imputado por el caso Mercurio. Capdevila siguió sus pasos, aunque con siete meses de retraso. Justificó su decisión para dedicar más tiempo a la familia y denunciando la “tensión extrema” y el “ataque personal” al que había sido sometida por parte de la oposición.

Ese mismo argumento, el del ataque personal, fue el que Capdevila esgrimió cuando, el pasado enero, la Fiscalía Anticorrupción pidió su imputación por malversación de fondos públicos. La diputada socialista afirmó que sentía “repugnancia y asco” ante un “uso torcido de los instrumentos jurídicos del Estado de Derecho” que buscan “desestabilizarla” personalmente. Capdevila denunció una “intolerable invasión de su vida personal”, en alusión al carácter privado de sus viajes a Madrid.

Capdevila afirmó, además, que había devuelto ya el dinero gastado con la tarjeta para viajes del Parlament: 3.229 euros. “A pesar del vacío normativo en la regulación del uso de la tarjeta Renfe y desde el convencimiento de no haber hecho ningún uso ilícito de la misma, reintegré el importe íntegro”, manifestó en su blog personal. Durante la investigación, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo pidió al Parlament el convenio firmado con Renfe, que establece que los desplazamientos solo pueden realizarse si están motivados por la función parlamentaria. Pese a todo, y hasta su eliminación, la cámara catalana no realizaba ningún tipo de fiscalización del uso de la tarjeta, ni pide a los diputados que justifiquen por qué motivos la han utilizado.

La decisión sobre la culpabilidad o inocencia de Capdevila residirá en nueve ciudadanos elegidos por sorteo. En el auto dado a conocer ayer por el TSJC, el magistrado ordena que se tramite el caso por el procedimiento del tribunal popular, que es competente para juzgar los delitos de malversación.

Además de Capdevila, permanecen imputados otros cuatro diputados autonómicos: el ex número dos de Convergència, Oriol Pujol, por lucrarse con una trama que intentó amañar concursos de la ITV; el exalcalde de Lloret, el nacionalista Xavier Crespo, por perdonar impuestos a un empresario ruso a cambio de regalos y favores; Daniel Fernández, del PSC, por presionar a una alcaldesa para enchufar a una ex alto cargo del tripartito; y Cristófol Gimeno, también socialista, por participar en los consejos de administración de CatalunyaCaixa que aprobaron aumentos de sueldos para sus directivos en plena crisis.